Quitar la puerta de atrás...

Es un primer gran paso, uno enorme, pero no tendrá que ser el único. Es el comienzo de la justicia laboral para la fuerza de trabajo más maltratada no sólo en México, sino en el resto del mundo. El trabajo doméstico tomará su lugar dentro del espectro de políticas públicas de nuestro país, que por años fue ignorado y que en México ejercen más de 2.4 millones de personas, 95% mujeres, aunque de manera limitada: “En próximos días iniciará este programa, con el cual se garantizará el acceso de ese sector a servicios médicos y hospitalarios, atención obstétrica, medicamentos, incapacidades, guarderías, fondo para el retiro, pensión por invalidez o muerte y velatorios...”, dijo Germán Martínez Cázares, director del Instituto Mexicano del Seguro Social en un mensaje en redes sociales.

Es una gran noticia. Sí. Porque esto es gracias al esfuerzo de trabajadoras y organizaciones que pelearon mucho por que eso se lograra. Un primer gran paso, decimos, porque es apenas un programa piloto con el que se evaluará el alcance y la operación. En la página del Seguro Social está ya el desglose del proceso de inscripción y un tabulador que calcula cuánto es lo que se tendrá que pagar, dependiendo las horas e, incluso, el número de empleadores para los que labore cada trabajador. Fueron el Centro de Apoyo y Capacitación para la Empleadas de Hogar, Fondo Semillas y más colectivos que buscaron que esto se hiciera realidad, una realidad que les costó 18 años: “La Suprema Corte reconoce el derecho de los 2.4 millones de personas que trabajamos en el hogar. Es la primera vez que el Estado nos reconoce como lo que somos; trabajadoras con derechos (...) ha sido una lucha larga y cansada; muchas veces hemos sido discriminadas y casi siempre ignoradas; por eso, ésta es una gran noticia para nosotras y para México. Es un gran logro, pero sólo un primer paso para obtener igualdad en condiciones laborales... ”, afirma Marcelina Bautista, fundadora del CACEH, junto a Alfonso Cuarón, director de Roma, la película que se ha convertido en estandarte de colectivos dentro y fuera el país que buscan este mismo objetivo: otorgar un derecho tan históricamente negado y que está tan anquilosado en la dinámica social, mucho más del ámbito laboral. De ahí que tengamos figuras, metáforas tan representativas de ello, como la puerta de servicio, ésa que siempre está atrás.

Ahora, ¿qué sigue? México da un paso al frente, sí, pero sólo en materia de seguridad social, aún urgen otros pasos necesarios que apunten al exterior y para el resto del espectro de derechos a los que las trabajadoras del hogar deben tener acceso. Porque el 97.4% de ellas no tiene un contrato formalizado por escrito; el 40.1% recibe menos de un salario mínimo; el 46% labora más de 35 horas por semana, por decir algo. En 2011, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 189, donde diversos países se comprometen a generar condiciones laborales óptimas para el trabajo doméstico. Y es desde entonces que México no ha sido firmante de este convenio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido su recomendación de firma del Convenio, pero el asunto ha quedado pendiente desde 2014. El cambio de administración, su política de dar prioridad a los sectores más vulnerables, tendría que darle velocidad, debería obligarlos a adoptar este acuerdo internacional, no sólo porque sumaría a nuestro país en una dinámica internacional de la que hoy pareciera querer aislarse, sino que abriría la puerta para mejorar sus programas con experiencias en otros países, como tendría que hacerlo también con los subsidios que hoy quiere entregar sin intermediarios.