Prueba de fuego para la 4T

La detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay representa mucho más que la captura de un presunto líder criminal. Se trata de un caso que desnuda las contradicciones inherentes al proyecto de la 4T y que plantea interrogantes incómodas sobre los mecanismos de selección de funcionarios, la supervisión gubernamental y la coherencia del discurso anticorrupción que ha caracterizado al movimiento encabezado por Morena. Bermúdez Requena no era un funcionario menor. Como secretario de Seguridad Pública de Tabasco desde diciembre de 2019, nombrado directamente por Adán Augusto López cuando era gobernador, ocupaba uno de los cargos más sensibles del gabinete estatal. Según las investigaciones federales, durante ese periodo lideraba simultáneamente La Barredora, una organización criminal dedicada a la extorsión, tráfico de personas y drogas.

La paradoja es evidente: mientras públicamente combatía la delincuencia, presuntamente la dirigía desde adentro. La Barredora operaba como una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicándose al narcomenudeo, extorsión, tráfico de migrantes y robo de combustible (huachicol) en instalaciones estratégicas como el puerto de Dos Bocas. El coordinador de la bancada morenista en el Senado enfrenta ahora el mayor desafío político de su carrera. En una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva en julio pasado, López Hernández admitió su desconocimiento de las actividades criminales de su exsubordinado: “La verdad, no sospeché, si hubiese sospechado de él pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo”. Esta declaración, sin embargo, contrasta con los reportes de inteligencia militar que desde 2021 ya identificaban vínculos entre Bermúdez y actividades delictivas. 

Tras la captura en Paraguay, Adán Augusto López emitió un comunicado asegurando estar dispuesto a colaborar con la justicia y prometiendo cero encubrimiento y cero complicidades. No obstante, sus críticos señalan que el texto no profundiza en las decisiones políticas que permitieron que Bermúdez Requena permaneciera en el cargo, pese a señalamientos previos. Para el partido en el poder, este caso representa una crisis de credibilidad. Morena construyó su identidad política sobre la premisa de ser diferente a los partidos tradicionales, prometiendo acabar con la corrupción y la colusión con el crimen organizado. La revelación de que uno de sus cuadros estatales más prominentes presuntamente dirigía una organización criminal socava ese discurso. El PAN ya ha solicitado que la investigación se extienda a toda la red de posibles cómplices en las administraciones estatal y federal, lo que podría abrir nuevos frentes de vulnerabilidad para el partido oficial.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una estrategia de distanciamiento político hábil. Al celebrar la captura como parte de su estrategia de cero impunidad, Sheinbaum agradeció la cooperación internacional y subrayó que nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país. Esta respuesta le permite posicionarse como garante de la justicia, mientras evita cualquier responsabilidad directa sobre las decisiones del gobierno tabasqueño. La infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad no es un fenómeno nuevo en México, pero resulta particularmente dañino para un movimiento que hizo de la moralización de la vida pública su principal bandera. La verdadera prueba para la 4T no será sólo procesar judicialmente a Bermúdez, sino demostrar que puede aprender de este caso para fortalecer sus mecanismos de selección y supervisión de funcionarios. La capacidad del gobierno de Sheinbaum para convertir esta crisis en una oportunidad de fortalecimiento institucional será fundamental para preservar la credibilidad del proyecto transformador.

Para Adán Augusto López el desafío es aún mayor: debe navegar entre su lealtad histórica hacia un subordinado de confianza y la necesidad de preservar su carrera política en un contexto donde la opinión pública exige cuentas claras, clarísimas. Su futuro como figura prominente de Morena dependerá de su capacidad para demostrar que su desconocimiento de las actividades de Bermúdez Requena fue genuino y no producto de negligencia o complicidad.

Este caso, finalmente, representa un momento definitorio para Morena: la oportunidad de demostrar que sus principios anticorrupción sí pueden ir más allá de la retórica electoral, o el riesgo de confirmar que, en el ejercicio del poder, no es tan diferente de los partidos que prometió reemplazar.