Hay algo muy conveniente en la indignación del Partido del Trabajo. Muy oportuna, calibrada, capaz de detenerse justo antes de la ruptura. El argumento de superficie ya lo conocemos: que la revocación de mandato no puede coincidir con la jornada electoral de 2027 porque Sheinbaum, en la boleta, sería una locomotora que arrastraría todo a favor de Morena. El argumento es razonable. Pero no es el motivo.
El PT no está defendiendo la equidad electoral. Si lo hiciera, tendría que empezar por devolver los más de cuatro mil millones de pesos en prerrogativas que ha recibido gracias al arrastre de Morena en los últimos siete años. Tendría que explicar cómo pasó de ser un partido con representación testimonial a gobernar estados y acumular senadurías, diputaciones y presidencias municipales en una proporción que ningún ejercicio de voto propio justifica. Lo que está a discusión no es la equidad. Es quién manda en la relación.
Los hechos, con frialdad: Alberto Anaya firma un compromiso el domingo de respaldar el Plan B. El lunes, la bancada del PT no se presenta a comisiones en el Senado. El martes, Reginaldo Sandoval habla de “riesgos de Estado”. Monreal dice que los petistas “están bastante grandecitos” para asumir su responsabilidad. La oposición celebra y le regala al PT un reconocimiento de dignidad que no pidió. ¿Cuándo fue la última vez que Clemente Castañeda elogió a un aliado de Morena sin que mediara un cálculo?
El patrón es idéntico al del Plan A: adhesión formal seguida de deserción legislativa. Lo que cambió entre uno y otro fue el alcance de la reforma —se achicó—, pero no la dinámica de poder. El PT opera como partido bisagra, cuya fuerza no radica en su tamaño, sino en el momento exacto en que decide usar sus votos. No acompaña; condiciona. Y el momento de máximo valor es antes de que se repartan las candidaturas para 2027. Ahí está la apuesta real. Ambos partidos saben algo que nadie dice en público: sin el PT, Morena pierde. No todo, pero sí lo suficiente para que la narrativa de invencibilidad se agriete. Veracruz en 2024, donde la salida del PT de la coalición local dejó a Morena tambaleándose en las alcaldías, no fue una anécdota. Fue una demostración de concepto.
Lo que el PT está comprando con la revocación de mandato no es una fecha en el calendario. Es una factura que cobrará en gubernaturas y posiciones de lista. En Tlaxcala ya dejó claro que quiere encabezar la candidatura a gobernador. Esa ambición se replica en otros estados donde los petistas consideran que Morena los usa como relleno. Y hay algo más: la propia reforma contempla la reducción de regidurías y el recorte presupuestal a congresos locales. Cada regiduría eliminada es un espacio menos de poder territorial. Para un partido presente en los 32 congresos estatales eso no es austeridad republicana. Es desmantelamiento. Cuando Sandoval advierte sobre “riesgos estructurales”, está hablando de la estructura del PT, no de la del Estado mexicano.
¿Va a pasar el Plan B? Quizá sí. En algún momento, la fecha de la revocación se moverá a agosto de 2027 o a 2028, el PT declarará victoria y todo el mundo fingirá que la crisis no existió. Lo importante es lo que se negoció en las reuniones sin relatoría. Porque cuando se anuncien las candidaturas para 2027 y el PT aparezca encabezando coaliciones en estados que antes eran territorio exclusivo de Morena, nadie va a recordar que todo empezó con una disputa sobre si la revocación debía ser en junio o en agosto. El PT no está bloqueando una reforma. Está cotizando su lealtad. Y Morena, que inventó el juego de la mayoría calificada con aliados prestados, acaba de descubrir que los aliados también saben jugar (con reglas del juego que quieren redefinir desde su bancada).