Ovidio culpable ¿y luego?

La declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López y la desestimación de cargos en su contra por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York marcan un giro trascendental en la saga judicial del hijo de El Chapo y reconfiguran tanto el panorama criminal en Sinaloa como los márgenes de maniobra del gobierno mexicano frente a Estados Unidos.

Ovidio Guzmán, tras casi dos años de extradición y proceso judicial, optó por declararse culpable en la Corte del Distrito Norte de Illinois, lo que llevó a la fiscalía de Nueva York a retirar los cargos en su jurisdicción. Este movimiento, amparado en la Regla 20 del Código Federal de Procedimientos Penales, busca concentrar los procesos en una sola corte y, según analistas, podría facilitar una reducción de condena a cambio de cooperación con las autoridades estadunidenses. La decisión se da en el contexto de un acuerdo judicial que, además de proteger a su familia —17 de sus allegados ya se encuentran en EU—, podría abrir la puerta a revelaciones sobre los vínculos entre el narcotráfico y figuras políticas mexicanas.

La facción de Los Chapitos, que lidera la llamada Chapiza dentro del Cártel de Sinaloa, enfrenta un escenario de incertidumbre y posible debilitamiento tras la declaración de culpabilidad de Ovidio. Especialistas advierten que este cambio de estrategia jurídica desestabiliza las estructuras internas del cártel y deja expuesta a la organización a fracturas y luchas internas por el control del negocio. La posibilidad de que Ovidio coopere con las autoridades estadunidenses genera nerviosismo entre los mandos medios y altos, pues podría derivar en detenciones o ajustes violentos dentro del grupo.

En Sinaloa, la violencia ligada a la Chapiza ha sido cíclica y responde a los vaivenes del liderazgo. Tras la captura de Ovidio en 2023, la región vivió una ola de violencia con bloqueos, balaceras y ataques a fuerzas de seguridad, dejando decenas de muertos y heridos. Aunque la estructura financiera del cártel no ha sido desmantelada, la presión judicial y la posible cooperación de Ovidio podrían detonar nuevas pugnas internas o reacomodos, con el riesgo de que la violencia se intensifique en el corto plazo mientras se redefine el liderazgo y la lealtad de las células criminales.

Para el gobierno mexicano, la resolución judicial en EU representa un arma de doble filo. Por un lado, la extradición y el proceso contra Ovidio son presentados como logros en la cooperación bilateral y el combate al crimen organizado. Por otro, la posibilidad de que Ovidio Guzmán colabore con las autoridades estadunidenses y revele información sobre redes de protección política y policial en México podría sacudir el tablero político nacional y poner en jaque a figuras de alto nivel.

La administración mexicana enfrenta ahora una presión renovada para limpiar sus instituciones y demostrar resultados tangibles en la lucha contra el narcotráfico. Además, la cooperación de Ovidio podría ser utilizada por Washington como moneda de cambio para exigir reformas legales, extradiciones adicionales o una mayor apertura en temas de seguridad y justicia. El margen de negociación de México se reduce, pues cualquier señal de opacidad o falta de voluntad política podría traducirse en sanciones, bloqueos o un endurecimiento de la relación bilateral, especialmente bajo un gobierno estadunidense con una agenda de “tolerancia cero” frente al crimen organizado.

La declaración de culpabilidad de El Ratón y la desestimación de cargos no sólo cierran un capítulo judicial, sino que abren una etapa de incertidumbre y riesgo tanto para la Chapiza en Sinaloa como para el gobierno mexicano. El reacomodo criminal y la presión política serán inevitables y el desenlace dependerá de la capacidad de las autoridades para anticipar y gestionar las consecuencias de este acuerdo, en un contexto donde la violencia y la diplomacia se entrelazan inevitablemente.