#Orgullo

El movimiento LGBTQ+ ha logrado conquistas históricas en el mundo y en México, marcando una diferencia tangible en la vida de millones de personas. Hoy, el matrimonio igualitario es legal en 35 países, la adopción conjunta por parejas del mismo sexo en 36 y la autodeterminación de género está reconocida en 17 naciones. En México, el avance es innegable: el matrimonio igualitario es ya una realidad en los 32 estados y la Ley de Identidad de Género ha sido aprobada en 20 entidades, permitiendo a las personas trans cambiar su género en documentos oficiales sin requisitos médicos.

Además, derechos como la adopción homoparental y el acceso a la seguridad social para parejas del mismo sexo han sido reconocidos en varios estados y por sentencias del máximo tribunal mexicano. Según el Inegi, 5.1% de la población de 15 años y más en México se identifica como parte de la comunidad LGBTQ+, es decir, uno de cada 20 mexicanos. Sin embargo, la realidad cotidiana muestra que la igualdad legal no se ha traducido en igualdad real: 37.3% de las personas LGBTQ+ en México sufrió algún acto de discriminación en el último año y seis de cada diez han sido víctimas de violencia, cifras muy superiores al promedio nacional. Uno de cada cuatro reporta que se le negó algún derecho en educación, salud o apoyos sociales.

La CDMX, referente nacional, ha brindado más de 10 mil atenciones por posibles casos de discriminación entre 2019 y 2024, de las cuales 1,194 correspondieron a personas LGBTQ+. Hombres gays y personas transgénero encabezan las estadísticas de atención, seguidos por mujeres lesbianas. La discriminación persiste en espacios laborales, establecimientos mercantiles e instituciones públicas, y aunque existen leyes progresistas, los obstáculos estructurales siguen limitando el desarrollo pleno de la comunidad. La brecha entre el discurso y la práctica, entre la norma y la realidad, sigue siendo el gran desafío nacional.

A nivel internacional, el panorama es igualmente contrastante. El Índice Global de Aceptación muestra que mientras países nórdicos como Suecia e Islandia superan 90% de aceptación, regiones como África subsahariana y Oriente Medio apenas alcanzan 7 por ciento. El activismo ha logrado avances, pero cada conquista es seguida de una reacción adversa: el auge de la extrema derecha en Europa y América amenaza con revertir derechos fundamentales.

Organizaciones como ILGA advierten que el avance de partidos ultraconservadores pone en peligro la libertad de circulación, la protección legal y la seguridad de familias diversas. En EU, la administración de Trump ya ha dejado huella: durante su primer mandato, eliminó referencias a la comunidad LGBTQ+ en sitios oficiales, impulsó nombramientos hostiles y promovió políticas que restringieron derechos de personas trans y limitaron protecciones contra la discriminación. En su segundo mandato, Trump ha endurecido aún más su postura: firmó decretos que reconocen sólo dos géneros y niegan la autodeterminación de género, congeló fondos de ayuda internacional con impacto directo en la defensa de derechos LGBTQ+ y alentó una ola de legislaciones estatales restrictivas que buscan “volver a meter al colectivo en el armario”. Más de 500 proyectos de ley antiLGBTQ+ han sido presentados en los últimos dos años en EU, la mayoría dirigidos a limitar derechos de personas trans.

El efecto dominó es real: el discurso y las políticas de la administración Trump ya están repercutiendo en otros países, alentando a grupos de extrema derecha que buscan frenar o revertir los avances logrados. El apoyo social a los derechos LGBTQ+, aunque mayoritario en el mundo, muestra señales de estancamiento o retroceso: en 2025, 69% apoya el matrimonio igualitario (cinco puntos menos que en 2021) y sólo 51% respalda leyes antidiscriminación, seis puntos menos que hace cuatro años. La brecha generacional y la autoidentificación creciente dan esperanza, pero la amenaza de retrocesos es inminente.

Por eso, en este #Orgullo, celebrar los avances no es suficiente: es momento de defenderlos con uñas y dientes. La historia demuestra que los derechos nunca son definitivos y que cada victoria debe ser protegida frente a los embates de la intolerancia y el autoritarismo. México y el mundo tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de cerrar la brecha entre la ley y la vida cotidiana, y de resistir cualquier intento de hacer retroceder la dignidad conquistada. Porque el orgullo no es sólo celebración, es también humanidad y resistencia.