Ni cambios ni sentencias

Familiares de desaparecidos exigiendo una respuesta a las autoridades. Una constante en el México del Siglo XXI. ¿Qué hará distinto el próximo gobierno, más allá del fomento de la esperanza? Andrés Manuel López Obrador decretará una Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo hizo ayer, cuando se cumplieron cuatro años de los hechos en Iguala, y frente los padres de los jóvenes. Sin embargo, pienso lo mismo que escribí hace tres años, cuando tras la investigación de la PGR el clamor de justicia se endureció: “¿Qué podría el Estado ofrecerles a estos padres que pueda acercarse lo más posible a lo que entendemos como “justicia”? ¿Una indemnización, que forme parte de la “reparación de daños”? ¿La detención de todos los responsables? ¿Que ello signifique que se refundirán en prisión hasta el último de sus días? ¿Que renuncien todas las autoridades? ¿Qué? ¿A qué se refieren los padres y los miles de mexicanos que los han acompañado a marchar —y a tuitear y a feisbuquear— cuando claman “Justicia para Ayotzinapa”? ¿A qué exactamente, cuándo dirán que ya se hizo?”.

Pocos actos tan inhumanos como la permanencia en la incertidumbre. ¿Dónde estará el ser querido? ¿Qué le sucedió? ¿Seguirá vivo? ¿Bajo qué condiciones? Pocos momentos tan inimaginables como la noche que llega, asomando horas tan oscuras como las circunstancias mismas. Incuestionable es la exigencia de respuestas. Sin embargo, para un Estado debe ser de sumo cuidado el manejo de una esperanza. Tras la reunión de ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, se informó que la ONU y la CIDH serán las encargadas de coordinar la comisión que investigará los hechos del 26 de septiembre de 2014. Una carpeta nueva que borre aquella verdad histórica resultado de la investigación del entonces procurador Jesús Murillo Karam y que a la fecha es rechazada por los padres de los normalistas.

Más allá de lo que el gobierno de López Obrador ofrezca, vale la pena reconocer que tras los hechos de Iguala nada cambió en nuestro país:

Familiares de desaparecidos marcharon rumbo al Forense del Jalisco. También con la esperanza de que alguno de los más de 400 cuerpos corresponda a su ser querido. A las autoridades sólo les dio para anunciar que construirán una morgue con capacidad para 300 cuerpos. Ya no más tráileres refrigerantes. Qué sensibilidad.

Familiares en Veracruz exigen detalles de las fosas halladas en las últimas semanas. Las autoridades locales dicen que no hay menores de edad entre los cuerpos encontrados, pero la Secretaría de Gobernación difunde fotografías que contradicen a la Fiscalía del estado.

Tres mujeres en el Estado de México desaparecieron en similares circunstancias. Las tres tenían una persona en común, esta historia la difundimos en Imagen Noticias esta semana, y no hay respuesta de las autoridades.

Fuerzas federales tomaron el control de la policía municipal de Acapulco hace un par de días. Dos de los mandos tenían una orden de aprehensión por homicidio calificado. Un caso más de grupos criminales infiltrados en estructuras de gobierno. Tal como sucedió en Iguala. José Luis Abarca, hoy preso en el Penal del Altiplano, presuntamente colaboraba con Guerreros Unidos.

Cuatro años han pasado. La impartición de justicia no ha tenido respuestas para los miles de desaparecidos. Sobre Ayotzinapa, no hay una sola sentencia, algunas detenciones, pero nada más. Tampoco se generaron los cambios necesarios para, al menos, operar con mayor eficacia los protocolos de seguridad. Peña Nieto defiende la verdad histórica de la PGR, pero en su gobierno no hubo mejoras en la impartición de justicia.

Si algo dejó este sexenio como lección para el siguiente es que la esperanza no sólo se alimenta, se debe enriquecer con vuelcos que generen estructuras de gobierno más sólidas.