Michoacán... a todos... Sí, a todos

“No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados”, declaró Carlos Manzo semanas antes de que siete disparos le arrebataran la vida en la plaza pública de Uruapan, frente a su hijo y cientos de ciudadanos que celebraban el Festival de las Velas. Era la noche del 1 de noviembre de 2025, Día de Muertos. Manzo era un alcalde independiente que había osado enfrentar directamente el crimen organizado y denunciar la infiltración en las instituciones. “Hacemos un llamado urgente para que no dejen solo a Uruapan”, escribió días antes de morir. Nadie actuó. En Michoacán, quien desafía al narco, muere.

Michoacán no es un estado fallido por accidente, sino por décadas de pactos que atraviesan todos los colores partidistas. Durante el gobierno perredista de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008) surgió La Familia Michoacana e infiltró completamente las policías estatales y municipales. En 2006, sicarios arrojaron seis cabezas humanas en un antro de Uruapan. Con el priista Fausto Vallejo (2012), su hijo fue videograbado reuniéndose con La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. En 2013, el gobernador interino Jesús Reyna fue detenido por vínculos con ese mismo cártel. Durante otro gobierno priista ocurrió la masacre de Tanhuato: 42 civiles asesinados por policías federales.

Con Morena en el poder desde 2021, la historia se repite. Durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla han sido asesinados siete alcaldes de diversos partidos. Los documentos filtrados de la Sedena revelaron que 29 alcaldes michoacanos tenían vínculos con el narcotráfico: nueve propuestos por Morena-PT, cinco por el PAN, 13 por otros partidos. 18 ligados al CJNG, nueve a La Familia Michoacana, dos a Cárteles Unidos. Del Cártel del Milenio en los ochenta a La Familia Michoacana, luego Los Templarios y, ahora, el CJNG, que domina el estado, todos han compartido la misma estrategia: infiltrar instituciones, imponer candidatos, colocar sicarios en nóminas policiales y controlar ayuntamientos.

La infiltración es total. Las policías municipales tienen sicarios cobrando como agentes. Las fiscalías acumulan más de 100 denuncias sin procesar. Los cárteles manejan presupuestos de obras públicas y controlan procesos electorales mediante financiamiento, imposición o asesinato de candidatos. Incluso las fuerzas federales tienen historial de infiltración. Un funcionario de Gobernación reconoció que 75% de los municipios de México son susceptibles al crimen organizado. En Michoacán, la cifra es de 100 por ciento.

Romper el ciclo requiere medidas que ningún gobierno ha tenido el valor de implementar: intervención federal real que disuelva policías infiltradas, fiscalía especial con autonomía para investigar dos décadas de colusión, auditorías de patrimonio a funcionarios, investigación obligatoria de origen de recursos de campaña, protección efectiva para alcaldes que enfrenten al narco, tribunales con jueces de otros estados y, sobre todo, terminar con la impunidad que alimenta el sistema. Pero se requiere aceptar que el problema no son sólo los narcos, sino los políticos que los protegen, los policías que trabajan para ellos, los fiscales que ignoran sus crímenes, los jueces que los liberan.

Desde 2000 han sido asesinados 106 alcaldes en México, y Michoacán encabeza las estadísticas. Todos los partidos han gobernado el estado: PRD, PRI, Morena. Todos han pactado o claudicado. Todos han visto caer a sus alcaldes. Ninguno ha roto el ciclo. Carlos Manzo murió gritando lo que todos saben, pero nadie dice: en Michoacán, el narco y el estado son la misma cosa. Su muerte no cambiará nada a menos que un gobierno tenga el valor de desmantelar el sistema completo. Hasta entonces, Michoacán seguirá siendo tierra de nadie. Y el próximo Carlos Manzo ya está contando los días.

Con dos hijos (¿pródigos?): un presidente, Felipe Calderón Hinojosa, que decidió “declararle la guerra” al narco, y un líder de cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, que redefinió la geografía y los métodos del crimen organizado, Michoacán el de la metáfora del escalamiento incontenible de la violencia y el derramamiento de sangre que no ha hecho más que consumirlos a todos… sí, a todos.