La nueva cooperación

Este martes, México concretó una extradición masiva al enviar a Estados Unidos a 26 presuntos miembros de cárteles criminales —principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa— como parte de los acuerdos bilaterales entre el presidente estadunidense Donald Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Se trata de un operativo histórico que no sólo refleja una colaboración inédita en el combate al crimen organizado, sino que también redefine la estrategia de ambos gobiernos frente a la violencia y el tráfico de drogas transfronterizo. La acción, ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, responde a varias realidades. Bajo el liderazgo de Sheinbaum y Trump, la cooperación llega a nuevos niveles de firmeza. Estados Unidos —que se comprometió formalmente a no solicitar la pena de muerte para los extraditados— agradece la apertura mexicana y su determinación para enfrentar “enemigos comunes”, según palabras del embajador Ronald Johnson. 

El mensaje es claro: hay una voluntad mutua de romper ciclos de impunidad y corrupción. El operativo sucede en el contexto de una creciente presión por parte del presidente Trump, quien ha convertido la extradición masiva en una herramienta central de su política de seguridad regional. Desde su primer mandato, Trump amenaza con aranceles y acciona instrumentos de fuerza legal, obligando a México a tomar decisiones rápidas contra figuras del narco. Sheinbaum, sin ceder la soberanía, decide acelerar procesos y blindarse frente a maniobras judiciales y eventuales liberaciones de altos capos. 

La decisión de Sheinbaum y García Harfuch de agilizar estas extradiciones parte también del hartazgo ante la corrupción del Poder Judicial mexicano, que a lo largo de los años ha permitido que figuras relevantes del crimen organizado evadan la justicia nacional mediante amparos y acuerdos cuestionables. En este momento, la extradición no es sólo cumplimiento de tratados, sino una táctica de presión y desarticulación. Para Estados Unidos, esta acción fortalece la narrativa de “mano dura” de Trump, le otorga victorias en seguridad pública y le permite llevar a juicio federal, bajo las estrictas leyes estadunidenses, a operadores clave de los cárteles. Para México, es una medida orientada a disminuir riesgos internos, evitar que los criminales sean liberados por resquicios legales y dar una muestra de eficiencia en el combate a la delincuencia organizada. García Harfuch ha subrayado que estos traslados responden tanto a acuerdos binacionales como a la necesidad de salir del estancamiento judicial que ha protegido a capos por años. 

En este escenario, es imprescindible reconocer a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como el principal operador y garante del éxito del operativo. Harfuch ha sido enfático en mantener la extradición como una política permanente y necesaria, coordinando al Gabinete de Seguridad en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y siempre bajo salvaguarda de la soberanía mexicana. Su labor no sólo ha sido técnica, sino de firme liderazgo y transparencia. “El día de hoy, el Gabinete de Seguridad de México, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte”, declaró Harfuch. 

La extradición de hoy es más que una cifra; es el resultado de una inédita sincronía estratégica entre dos gobiernos que han decidido que la seguridad binacional no puede esperar más y que el chantaje judicial no será tolerado. México deja de ser espectador para convertirse en un actor central, con Claudia Sheinbaum y García Harfuch como comandantes de una política de Estado que trasciende coyunturas electorales o diplomáticas. Hoy, la alianza Sheinbaum-Trump enfrenta su prueba más dura contra el crimen organizado, pero también apunta a lo que podría ser el inicio de nuevas formas de gobernanza, donde la seguridad no se negocia y la justicia cruza fronteras.