La FGR y la agenda urgente

El Senado de la República ha tomado una decisión trascendental al nombrar a Ernestina Godoy Ramos como la nueva fiscal general de la República, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar este cargo de forma constitucional. Su designación, que se dio por mayoría calificada en un proceso que la oposición calificó de “exprés” y maniobra política, cierra un ciclo de incertidumbre tras la renuncia de su predecesor y abre otro, cargado de enormes expectativas y, sobre todo, de desafíos institucionales.

La llegada de Godoy, quien cuenta con una trayectoria política y experiencia previa como fiscal en la Ciudad de México, es vista por sus simpatizantes como una oportunidad para consolidar un modelo de procuración de justicia “al servicio del pueblo”, como lo expresó el coro oficialista. Sin embargo, la sombra de la falta de autonomía, una crítica recurrente de la oposición, obliga a la nueva fiscal a disipar dudas desde el primer día, demostrando que su compromiso es con la legalidad y no con la agenda del Ejecutivo.

La FGR que hereda Ernestina Godoy es una institución fundamentalmente (y desde siempre cuando era PGR) cuestionada por la impunidad, la ineficacia en la investigación de delitos graves y, en el sexenio anterior, por un manejo que a menudo pareció priorizar la persecución política sobre la justicia. Es aquí donde la agenda institucional prioritaria se vuelve un imperativo categórico.

La FGR debe dejar de ser una oficina de litigio político y transformarse en una agencia de investigación criminal moderna, profesional y, sobre todo, enfocada en la víctima.

El gran cáncer del sistema de justicia mexicano es la impunidad, con tasas que superan 90% en delitos federales. La nueva administración debe enfocar sus recursos y personal en la investigación científica y estratégica de los delitos de alto impacto. Esto implica fortalecer las fiscalías especializadas y garantizar el pleno funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, donde la atención a las víctimas y colectivos de búsqueda (por homicidios y desapariciones) debe ser un eje central. La FGR también debe perseguir las estructuras financieras y de poder de la delincuencia organizada, incluyendo el llamado huachicol fiscal y las redes de lavado de dinero, con un enfoque de inteligencia.

La prioridad número número uno debe ser erradicar el uso faccioso de la justicia. Godoy debe dar muestras inmediatas de que la institución no será empleada como instrumento de revancha o control político, investigando y sancionando con la misma severidad a cualquier servidor público, sin importar su filiación, lo que implica asegurar la autonomía real de la institución.

Se requiere una reingeniería profunda para mejorar la eficiencia, accesibilidad y transparencia de la Fiscalía. Esto significa invertir en la capacitación continua de Ministerios Públicos y peritos, asegurando que la promoción se base en méritos y no en lealtades políticas, estableciendo un Servicio Profesional de Carrera robusto. Además, se deben mejorar los mecanismos de atención y apoyo a las víctimas, facilitando la denuncia y garantizando que sean el centro del proceso de procuración de justicia.

Finalmente, la FGR debe expedir su Plan Estratégico de Procuración de Justicia y someterse a controles democráticos claros. Esto incluye publicar indicadores de desempeño objetivos (tasas de judicialización, sentencias, etcétera) y abrir la institución a la transparencia y rendición de cuentas al escrutinio público.

Ernestina Godoy tiene ante sí la oportunidad histórica de reescribir el rol de la Fiscalía en la vida pública de México. Su desempeño será la real medida de su compromiso con la justicia. El país clama por una FGR fuerte, profesional y, por encima de todo, recta e imparcial. Sólo así se podrá empezar a mermar la crisis de impunidad que tanto (y por tanto tiempo) ha lastimado a nuestro país.