La doble embestida de EU

En un giro abrupto, la relación entre México y EU ha sufrido una sacudida de alto voltaje. El Departamento del Tesoro estadunidense reveló una investigación sobre tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa—, señalándolas como piezas clave en el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, especialmente en la cadena de suministro de fentanilo. Las sanciones impuestas por Washington prohíben ciertas transferencias de fondos con estas instituciones dentro del sistema financiero de EU, bajo nuevas facultades legales que buscan frenar el flujo de opioides y sus ganancias ilícitas. Las acusaciones son específicas: desde transferencias millonarias a empresas chinas relacionadas con precursores químicos, hasta reuniones documentadas entre ejecutivos bancarios y miembros de cárteles como el CJNG. La respuesta de la autoridad mexicana fue inmediata y defensiva. Hacienda y la CNBV señalaron que, tras ser notificadas, solicitaron pruebas concretas al Tesoro, pero no recibieron datos probatorios. Las revisiones internas arrojaron sólo irregularidades administrativas, ya sancionadas, y ninguna evidencia de lavado de dinero. Las instituciones acusadas han negado tajantemente los señalamientos y defendido su apego a la regulación mexicana e internacional.

Paralelamente, la fiscal general Pam Bondi sorprendió al incluir a México en la lista de “adversarios extranjeros” de EU, junto con Irán, Rusia y China, bajo el argumento de una supuesta pasividad ante el narcotráfico y la migración irregular. La declaración, respaldada por senadores como Lindsey Graham, eleva el tono diplomático a niveles inéditos y coloca a México en una posición de vulnerabilidad política y reputacional.

Este doble golpe, asestado en un solo día, no es casualidad. Las autoridades de EU parecen estar buscando varios objetivos estratégicos. Primero, ejercer presión máxima sobre el gobierno mexicano para que endurezca su cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero, áreas donde Washington considera insuficiente la respuesta mexicana. Segundo, enviar un mensaje contundente al sistema financiero internacional sobre los riesgos de operar con instituciones mexicanas bajo sospecha, lo que podría aislarlas y obligar a una limpieza interna más profunda. Tercero, en el plano político, la inclusión de México en la lista de “adversarios” busca justificar ante la opinión pública de EU y el Congreso una postura más dura en materia de seguridad, migración y comercio, en un contexto electoral donde la narrativa de “mano dura” gana terreno.

La estrategia de EU parece orientada a forzar un cambio de rumbo en la política mexicana en materia de seguridad y cooperación bilateral, utilizando tanto el poder financiero como la presión diplomática. El desenlace dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para negociar en medio de una crisis que amenaza con escalar y redefinir su relación.

Ante la presión sin precedentes, las autoridades mexicanas se ven obligadas a ir mucho más allá de la simple exigencia de pruebas a Washington. México debe fortalecer de inmediato sus sistemas de prevención y detección de lavado de dinero, implementando controles internos más estrictos y mejorando la debida diligencia sobre socios, proveedores e intermediarios financieros, para asegurar que no existan vínculos directos ni indirectos con organizaciones criminales. Es indispensable que se refuercen los programas de cumplimiento en las instituciones financieras, con monitoreo proactivo de transacciones sospechosas y una colaboración más ágil y transparente con las agencias estadunidenses, como la DEA y el Departamento del Tesoro. 

Además, el gobierno mexicano debe impulsar reformas legales que actualicen y fortalezcan la Ley Antilavado, que ha permanecido intacta desde 2012, y promover una mayor coordinación entre la UIF, la CNBV y la FGR para responder con eficacia a los nuevos esquemas de lavado. Sólo con una revisión profunda de sus mecanismos regulatorios, una cooperación real y sostenida con EU, y una voluntad política clara de combatir la corrupción y la colusión institucional, México podrá recuperar la confianza internacional y evitar mayores sanciones, bloqueos financieros o el aislamiento de su sistema bancario en el escenario global.