El próximo lunes 16 de febrero se cumplen tres décadas de la firma de los Acuerdos de San Andrés, suscritos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 1 de enero de 1994 marcó un punto de inflexión social en la historia reciente de México. Cara y cruz: ese mismo día indígenas declararon la guerra al gobierno mexicano y entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el nuevo esquema comercial que incorporó al país a uno de los mercados más grandes del mundo.
Chiapas ya había sido escenario de levantamientos indígenas. A la rebelión zapatista le precedieron la insurrección tseltal de 1712, la llamada guerra de castas de 1869, la participación indígena en la Revolución con Jacinto Pérez Chixtot, Pajarito, y el Congreso Indígena de 1974. La inconformidad era la misma: la lucha por el reconocimiento de sus derechos.
De aquel 1 de enero al 16 de febrero de 1996, fecha en que se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena —que comprometían al gobierno federal a promover una reforma constitucional para reconocer a México como un Estado pluriétnico y garantizar a los pueblos originarios el derecho a la libre determinación y la autonomía—, los acontecimientos se sucedieron vertiginosamente: la suspensión unilateral del fuego, el cese de hostilidades, la amnistía, la decisión de los insurgentes de aceptar el diálogo, las conversaciones en la catedral de San Cristóbal de las Casas, la Declaración Conjunta de San Miguel, la inédita participación de la sociedad civil de México e internacional y la conformación de dos instancias neutrales que hicieron importantes contribuciones: la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), esta última conformada por legisladores de todos los partidos políticos.
Imposible olvidar los esfuerzos del obispo de San Cristóbal de Las Casas, don Samuel Ruiz, y de los integrantes de la Conai, así como de la Cocopa, quienes pusieron convicción y compromiso para alcanzar la firma de los Acuerdos. A meses aciagos marcados por la incertidumbre siguieron días de esperanza, con la paz encontrada en San Andrés guiada por la razón y no por el estruendo de las armas.
Se recurrió al mejor instrumento posible: el diálogo, para construir una negociación que colocara la paz como imperativo nacional. La búsqueda de un acuerdo en Chiapas no sólo representaba una esperanza inmediata, sino un pilar para la democracia y el futuro del país, en un contexto marcado por la euforia oficial por la apertura comercial y las turbulencias en la clase política por la inminente elección presidencial. El proceso de los Diálogos de San Andrés Larráinzar visibilizó ante el mundo al movimiento indígena, modificó paradigmas, cerró el paso a los fusiles y abrió la puerta a nuevos derechos sociales y a caminos más amplios de participación democrática. Fue un parteaguas y el inicio de una nueva etapa para atender las demandas de autonomía, justicia, democracia y reconocimiento cultural planteadas por el zapatismo.
Los Acuerdos de San Andrés siguen siendo una asignatura pendiente. Sin embargo, su importancia histórica, social y política permanece vigente y constituye un referente indispensable para las luchas indígenas en México y América Latina, influyendo en el debate sobre derechos colectivos y pluralismo jurídico.
En Chiapas, el llamado no ha sido ignorado
Es momento de retomar los pendientes y los incumplimientos del Estado mexicano surgidos de aquel diálogo interrumpido, y el principal interlocutor debe ser el Congreso de la Unión. Mientras tanto, en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez impulsa acciones para atender una de las causas profundas que dieron origen a los Acuerdos: el olvido. Con sentido de urgencia, su administración atiende a municipios históricamente olvidados, donde hoy se ejecutan obras de beneficio social apremiantes.
En ese contexto, el lunes pasado el mandatario puso en marcha el programa Café con Humanismo, que beneficiará a 40 mil productores. Se trata de un apoyo directo a los caficultores para relanzar la reputación internacional de uno de los granos más emblemáticos de México y fortalecer los ingresos de una actividad con alta participación de mujeres.
La relevancia del café en Chiapas es indiscutible: se cultiva en 89 municipios, involucra a 153 mil familias, ocupa 253 mil hectáreas —20% de la tierra laborable del estado— y genera exportaciones cercanas a los 600 millones de dólares anuales. No obstante, en el pasado reciente el sector padeció, de manera inexplicable, una notable ausencia de políticas públicas y respaldo presupuestal.
Eduardo Ramírez sostiene que el café no sólo es una carta de presentación que proyecta el prestigio de Chiapas y de México ante el mundo por su calidad y su carácter ambientalmente sostenible, sino también un motor que dinamiza la economía regional, garantiza ingresos a miles de familias y contribuye a la estabilidad social.