#IdeaMillonaria: prohibir los vapes

Diciembre de 2025 pasará a la historia como el mes en que México decidió que sus prioridades estaban claras: ocho años de cárcel para quien venda un vapeador sabor frambuesa, pero abrazos para los narcotraficantes que mueven hasta 80 mil millones de dólares anuales. Porque aquí, estimados lectores, las matemáticas del absurdo no fallan.

La Cámara de Diputados acaba de aprobar la prohibición total de vapeadores, convirtiendo su venta en un delito más grave que la violencia de género, la pornografía no consentida o portar armas ilegales. Ocho años de prisión y multas de 226 mil pesos para quien comercie con estos dispositivos. Mientras tanto, el narcotráfico —que genera más ingresos que el PIB de Panamá— sigue operando con la eficiencia de una corporación multinacional. Hagamos cuentas, porque los números no mienten, aunque los legisladores sí. El mercado de vapeadores en México vale 26 mil millones de pesos anuales. Suena impresionante hasta que lo comparas con el mercado de alcohol: 26 mil millones de dólares (más de medio billón de pesos). O con el narcotráfico: hasta 80 mil millones de dólares si sumamos todos sus negocios. Pero, claro, criminalicemos los vapeadores. Tiene todo el sentido del mundo.

La bancada de Morena argumenta que es para “proteger a los jóvenes”. Noble propósito. Cualquier estudiante de primer semestre de economía podría explicarles lo que viene: la nicotina tiene una demanda altamente inelástica. Es decir, la gente no deja de consumirla porque la prohíbas. Simplemente cambia de proveedor. Y, en México, esos nuevos proveedores tienen nombre y apellido: en el más evidente de los casos, pues el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Chapitos, La Mayiza, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y La Unión Tepito, y en el menos, pero altamente probable, varios de esos funcionarios que se benefician de darle pitazos, información y protección a los antes mencionados.

Feliz Navidad al crimen organizado, como bien lo expresó la diputada Iraís Reyes en tribuna. Acabamos de entregarles un negocio millonario, libre de impuestos, sin regulación sanitaria y con márgenes de ganancia que harían sonrojar a cualquier banquero. Los 6 mil 900 millones de pesos que podrían recaudarse vía IEPS (casi 30% del presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro) ahora irán directo a las arcas de los malos. ¿Que esto ya sucedió en otros países? Por supuesto. Australia prohibió los vapeadores y el vapeo en adolescentes pasó de 0.5% en 2018 a 14.5% en 2023, mientras el tabaquismo juvenil creció por primera vez en 25 años. El mercado negro vale 7,500 millones de dólares australianos y ya van 250 tiendas incendiadas en la “guerra del tabaco”. En India, Brasil, Tailandia, las mafias locales controlan el mercado ilegal abastecido desde China.

La reforma viene acompañada de una preciosa narrativa moralista. Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud, juró en tribuna que “no se sancionará al consumidor individual”. Curioso, porque el dictamen criminaliza “adquirir, conservar, almacenar y transportar” vapeadores. Pero, tranquilos: sólo será delito si lo haces “con fines comerciales”. Buena suerte explicándole eso al policía que te detenga con dos vapeadores en la mochila. Los datos no mienten: 6.5% de la población adulta (cinco millones de personas) usa vapeadores. Siete de cada diez los compran en el mercado informal: redes sociales, Telegram, tiendas irregulares. La prohibición de 2022 no detuvo nada; sólo duplicó el número de usuarios. Pero México insiste en repetir la fórmula que ya fracasó en Australia, India y Brasil, porque, ¿para qué pensar e innovar cuando puedes copiar estupideces?

Bienvenidos a México. País donde castigaremos con más severidad a quien vende un vapeador sabor fresa que a quien distribuye fentanilo, donde protegemos el mercado del narco porque la clase política lleva décadas haciéndolo, donde la política pública la terminan legislando personas que no sólo no tienen idea de cómo resolver problemas, tampoco alcanzan a ver que estarán creando nuevos. Personas incapaces de ver más allá de sus consignatarias buenas intenciones. 

Ocho años de cárcel por un vape. Cero años para el narco que controla ciudades enteras. Varios gobernadores sonríen satisfechos.