Hasta el último aliento

El martes pasado, Samara Martínez acudió al Senado con 128 mil firmas bajo el brazo y una petición desde lo más profundo del alma: que se haga posible una ley que garantice la dignidad hasta el último respiro de la vida. Esta joven de 30 años, originaria de Jalisco y ...

El martes pasado, Samara Martínez acudió al Senado con 128 mil firmas bajo el brazo y una petición desde lo más profundo del alma: que se haga posible una ley que garantice la dignidad hasta el último respiro de la vida. Esta joven de 30 años, originaria de Jalisco y radicada en Chihuahua, enfrenta desde su adolescencia insuficiencia renal crónica y lupus. Tras más de 10 cirugías, dos trasplantes fallidos y una vida conectada a una máquina de diálisis más de 10 horas al día, ha convertido su propio dolor en una causa nacional: la legalización de la eutanasia en México.

Su propuesta, denominada Ley Trasciende, busca despenalizar y regular la eutanasia en México, reconociéndola como un acto médico ético, voluntario y controlado. La iniciativa propone reformar el artículo 166 de la Ley General de Salud para permitir que pacientes mayores de edad y en pleno uso de sus facultades mentales soliciten la eutanasia si padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa o condición médica grave e irreversible, avalado por dos médicos especialistas y certificado ante notario público. Lo que comenzó como un esfuerzo personal en redes sociales se transformó en una campaña con más de 130 mil firmas y apoyo de legisladores de Morena, PRI y MC.

Desde Chihuahua, en cada video y cada publicación, Samara repite: no se trata de promover la muerte, sino de reconocer el derecho de cada persona a despedirse de la vida con dignidad, sin prolongar un sufrimiento que ya no tiene remedio. En un país donde este debate ha estado ausente durante décadas, ella decidió poner el foco donde casi nunca se mira: en el paciente.

Aunque la eutanasia sigue prohibida en México, el marco vigente reconoce sólo la figura de la voluntad anticipada, que permite rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida, pero no autoriza acciones médicas para provocar la muerte. Ella dice:  este mecanismo no ofrece una salida al dolor que puede extenderse durante semanas o meses.

En el contexto latinoamericano, Colombia es el país más avanzado: la eutanasia ha sido legal desde 1997. En 2024, Ecuador se convirtió en el segundo país latino en legalizarla. Recientemente, Uruguay aprobó la primera ley de eutanasia de América Latina mediante trámite parlamentario. La experiencia colombiana es reveladora: sólo 19% de la población quiere que la eutanasia sea prohibida, mientras que 38% está a favor de la legalización total. En 2024 se llevaron a cabo 352 procedimientos eutanásicos, la práctica se ha multiplicado por 88 en 10 años.

El 29 de octubre, diputadas federales presentaron formalmente la Ley Trasciende, que incluye modificaciones a la Constitución Política, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Patricia Mercado señaló que “la prohibición de la eutanasia representa la invasión por parte del Estado en una esfera personal de decisión y limita el ejercicio de los derechos humanos”. La iniciativa fue enviada a las comisiones correspondientes y se anunció un foro para analizar el tema con distintos sectores de la sociedad.

El 70% de la población mexicana se pronuncia a favor de la muerte médicamente asistida, pero el camino legislativo será complejo, ya que somos un país con profundas raíces católicas y conservadoras, y el debate toca fibras sensibles que van desde lo religioso hasta lo ético y lo médico. Actualmente, seis de cada 10 pacientes terminales en México carecen de acceso a cuidados paliativos adecuados, lo que subraya la necesidad de fortalecer el sistema de salud mientras se discute esta ley.

Como expresó Samara ante el Senado: “La Ley Trasciende busca humanizar la muerte, que ningún mexicano o mexicana tenga que morir con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía. Es una ley sobre la vida con sentido hasta el último aliento, es la posibilidad de morir con la misma libertad con la que vivimos”.

La Ley Trasciende no obliga a nadie, sólo ofrece una alternativa que hoy no existe. Samara ha puesto sobre la mesa un debate que México debe tener con madurez, empatía y valentía. Porque vivir con dignidad también implica morir con dignidad. Y una sociedad que ama también sabe respetar y acompañar en el final del camino.

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