Guardia Nacional: ¿seguridad o militarización?

La aprobación de la reforma a la Guardia Nacional por la Cámara de Diputados marca un antes y un después en la estrategia de seguridad pública de México. Con 349 votos a favor y 132 en contra, Morena y sus aliados dieron luz verde a una nueva ley que subordina la Guardia Nacional al Ejército, le otorga estructura y disciplina militar, y permite a sus integrantes contender por cargos de elección popular, siempre y cuando se separen del cargo con anticipación. Los defensores de la reforma argumentan que la transferencia a la Sedena fortalecerá la capacidad operativa, garantizará mayor disciplina y permitirá una respuesta más contundente frente al crimen organizado. Además, aseguran que la Guardia mantendrá un “mando civil” en la estrategia nacional de seguridad, y que la profesionalización y la coordinación con el Ejército son la única vía para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país.

Sin embargo, los contras y los riesgos son evidentes y han sido señalados tanto por la oposición como por organismos internacionales. La reforma consuma la militarización de la seguridad pública, eliminando los controles civiles y trasladando a las Fuerzas Armadas funciones que, según la Constitución y recomendaciones de la ONU, deberían estar en manos de cuerpos policiales civiles. Expertos advierten que esto puede aumentar el riesgo de violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, además de perpetuar la impunidad y debilitar el control democrático sobre la fuerza pública. La posibilidad de que militares en activo puedan ser candidatos a cargos públicos también genera preocupación sobre la politización de las Fuerzas Armadas y la normalización de su presencia en la vida pública y electoral.

En el debate, la oposición denunció la premura en la aprobación, la falta de discusión a fondo y la ausencia de controles efectivos para evitar abusos y corrupción. Organizaciones civiles y expertos en seguridad insisten en que el verdadero reto es construir instituciones policiales civiles, con formación especializada en investigación criminal y respeto a los derechos humanos, en lugar de apostar por la disciplina castrense como solución única.

Lo que debería seguir en el debate es una revisión seria y plural sobre los límites de la participación militar en tareas de seguridad pública. Es urgente establecer mecanismos de supervisión civil, transparencia y rendición de cuentas, así como garantizar que la Guardia Nacional no se convierta en un brazo político o represivo del poder en turno. México necesita seguridad, sí, pero no a costa de la democracia ni de los derechos fundamentales. La discusión no termina con la aprobación de la ley: apenas empieza el verdadero reto de evitar que la militarización se convierta en el nuevo rostro permanente de la seguridad pública mexicana.