Extorsionados

Sí, sí. Muy cuestionable la boda de César Yáñez por mera cuestión moral. Sí, sí. También algunos se relamen los bigotes con la noticia del probable divorcio de la todavía pareja presidencial. Mientras se jalan las vestiduras por eso, en el país la realidad, la ...

Yuriria Sierra

Yuriria Sierra

Nudo gordiano

Sí, sí. Muy cuestionable la boda de César Yáñez por mera cuestión moral. Sí, sí. También algunos se relamen los bigotes con la noticia del probable divorcio de la todavía pareja presidencial. Mientras se jalan las vestiduras por eso, en el país la realidad, la que duele, la que debería ser tema de agenda de todos, avanza de manera abominable.

Lo reportó Excélsior ayer en su primera plana: “Cada año, 3.7 millones de llamadas vía celular salen de siete penales estatales y federales para realizar alguna extorsión a ciudadanos, revela un estudio que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó al Senado (...) Realizado por telefónicas de junio de 2017 a junio de 2018, el estudio halló 947 equipos terminales ‘sospechosos’, es decir, que se conectan a la radiobase más cercana al penal y tienen un número atípico de llamadas salientes. También explica que desde los 947 celulares se hicieron 219 mil 700 llamadas en tres semanas, por lo que, al anualizar el dato, arroja 3.7 millones de llamadas...”.

No es un tema nuevo. En enero de 2017, Imagen Televisión transmitió Graduaciones del Infierno, una serie de entregas en las que, más que narrarse, se mostraba el modus operandi de los extorsionadores que, desde el Reclusorio Norte, operan bajo la supervisión de las autoridades penitenciarias. Horarios y laboratorios del crimen expuestos ante los ojos de todos quienes viven dentro de esos muros. Nada que les impida su labor, nada, al menos, que no tenga precio.

El informe entregado al Senado sólo dimensiona mejor la gravedad del problema. No es un asunto exclusivo de los centros de reclusión de la Ciudad de México. Seguramente, más de un lector de estas líneas ha recibido una llamada cuyo fin era la extorsión.

¿Cómo hace un preso para tener acceso a un dispositivo móvil? ¿Cómo se tolera la vida dentro de un penal que escribe tácitamente sus propias leyes? Nada puede hacerse sino es con el visto bueno de quienes tendrían que liderar una reinserción que no alcanza ni para inyectar algo de posibilidad distinta a la delictiva que han conocido quienes llegan presos.

Hace un par de noches platiqué con Julio Fernández Talamantes, director de Mexicanos de Bronce, un brutal documental que narra el camino de un grupo de reos que estando en prisión forma un conjunto de rap y que a través de la lírica busca un escape a su pasado y su pase de entrada a una realidad distinta. Uno de los testimonios más fuertes lo hace quien asegura que la libertad lo ahogaba, por eso se aseguraba su reingreso al reclusorio, porque sólo entre cuatro paredes podía contener su ira y manejar su realidad.

¿Cómo se puede ofrecer una posibilidad a quienes para expiar sus delitos llegan a condiciones de hacinamiento, insalubres y de autogobierno? Lo abona a que casos como las extorsiones telefónicas se realicen desde centros penitenciarios, es también la debilidad de instituciones que pretenden funcionar sólo para el acceso al presupuesto, pero que en la realidad no operan con la eficacia suficiente para impedir que el crimen se cometa desde donde, en teoría, debería dejarse atrás.

Hay muchos pendientes en México, pero, sin duda, la reinserción social es uno de los grandes temas en materia de seguridad. Tantas extorsiones todos los días, los centros de reclusión operando como call centers, con la misma cotidianidad con la que operan los que están dentro de la legalidad. ¿Cuántas personas habrán caído en la trampa? ¿Cuántos habrán pagado un rescate por un secuestro que jamás sucedió? Tal vez valdría la pena que volteáramos a ver más esta realidad, que las veces que sirvieron langosta en una misma noche.

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