Estrategia, transparencia

La intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a CIBanco e Intercam, apenas horas después de que el Departamento del Tesoro de EU los señalara por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo, representa una de las respuestas regulatorias más contundentes del Estado mexicano ante una presión internacional de esta magnitud. La decisión de sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de los bancos no sólo busca salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes ante el riesgo reputacional y operativo que conllevan las sanciones de Estados Unidos, sino también enviar una señal clara de que México no tolerará ningún indicio de debilidad en la integridad de su sistema financiero, ni permitirá que la narrativa de impunidad se instale en la opinión pública nacional e internacional.

Las razones del Estado mexicano para proceder con esta intervención son múltiples y estratégicas. En primer lugar, se trata de una medida preventiva para evitar una posible corrida bancaria o el retiro masivo de fondos que pudiera poner en jaque la estabilidad de las instituciones afectadas y, por extensión, del sistema financiero nacional. En segundo lugar, la intervención permite a las autoridades tomar control directo sobre la operación de los bancos, facilitando una investigación interna más transparente y coordinada con los reguladores estadunidenses, en caso de que eventualmente se presenten pruebas concretas. Además, el Estado mexicano busca mostrar disposición a la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, pero sin renunciar a su soberanía ni aceptar acusaciones sin sustento, como ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum al exigir pruebas contundentes a Washington.

La intervención también responde a la necesidad de proteger la confianza de los inversionistas y del público en general en la solidez del sistema bancario mexicano. Al actuar con rapidez y firmeza, la CNBV y la Secretaría de Hacienda buscan evitar que la crisis trascienda de un episodio aislado a un problema sistémico, y que el golpe reputacional se traduzca en sanciones más amplias o bloqueos a otras entidades financieras mexicanas.

De cara a lo que puede venir bajo el gobierno de Donald Trump, la hipótesis más probable es que la presión de EU no sólo continuará, sino que podría intensificarse. Trump ha hecho de la lucha contra el fentanilo y los cárteles mexicanos una bandera política, y la inclusión de bancos mexicanos en la lista negra del Tesoro es apenas una muestra de la estrategia de “tolerancia cero” que caracteriza a su administración. Es previsible que Washington exija una cooperación aún más estrecha, con intercambio de información en tiempo real, auditorías conjuntas y, eventualmente, la extradición de funcionarios o banqueros si se llegaran a comprobar delitos. Además, no puede descartarse que la Casa Blanca utilice este episodio como argumento para endurecer otras áreas de la relación bilateral, como el comercio, la migración o la inversión extranjera, presionando a México para que adopte reformas legales y regulatorias más alineadas con los estándares estadunidenses.

En este contexto, el Estado mexicano se encuentra ante el reto de equilibrar la defensa de su soberanía y la protección de su sistema financiero, con la necesidad de mantener una relación funcional con su principal socio comercial y político. La intervención a CIBanco, Intercam y Vector es sólo el primer movimiento en una partida que, bajo la administración de Trump, promete ser larga, tensa y de consecuencias profundas para la banca mexicana y la cooperación bilateral en materia de seguridad y finanzas.

Pero la estrategia de México es la correcta: el que nada debe nada teme. Y Estados Unidos tendrá que demostrar sus dichos.