Ayer murió Noelia Castillo. Tenía 25 años, vivía en silla de ruedas desde 2022, y llevaba casi dos de esos años peleando en tribunales el derecho a no seguir viviendo. No murió de su enfermedad. Murió porque lo eligió, porque la ley española se lo permitió —aunque después de 20 meses de obstáculos jurídicos que habrían agotado a cualquiera— y porque cinco instancias, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, confirmaron que su voluntad era válida, consciente y sostenida.
Su historia no comenzó en un juzgado. Comenzó en octubre de 2022, cuando sobrevivió a una caída desde un quinto piso tras haber sido víctima de agresiones sexuales, y el impacto la dejó parapléjica. Desde ese día, su vida fue dolor neuropático, sondas cada seis horas, insomnio y dependencia total. Pidió la eutanasia no en un arrebato, sino de manera reiterada y documentada. Los peritos la evaluaron. La comisión de garantía la aprobó. Y aun así, su padre arrastró el caso por cada tribunal disponible. Ninguno encontró razón para negarle ese derecho. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir, y punto”, dijo el día anterior. No hay forma de leer esa frase sin sentir el peso de lo que implica.
Mientras eso ocurría en Barcelona, en México una mujer de 31 años llamada Samara Martínez pasaba el día de ayer conectada, como todos los días, a una máquina de diálisis durante diez horas. Padece dislipidemia mixta, hipertensión glomeruloesclerosis, insuficiencia renal crónica y lupus, enfermedades que la declararon en etapa terminal en 2024 tras dos trasplantes renales fallidos. Su respuesta no fue rendirse. Fue decidir que si se iba a morir, lo haría peleando para que otros pudieran hacerlo con dignidad.
La iniciativa que impulsa se llama Ley Trasciende y busca reformar la Ley General de Salud para eliminar la prohibición de la eutanasia y garantizar que pacientes con enfermedades incurables puedan decidir sobre el final de su vida con acompañamiento médico, ético y humano.
La presentó ante el Senado en octubre de 2025 con más de 128 mil firmas y apoyo de legisladores de Morena, PAN y PRI. Llegó al Congreso. Generó debate. Y ahí sigue: esperando dictaminación, atrapada en la geometría variable de la voluntad política mexicana. Mientras tanto, la eutanasia activa sigue siendo ilegal y puede sancionarse bajo la figura de homicidio por piedad en el Código Penal Federal.
Una encuesta nacional encontró que 72.7% de los mexicanos está de acuerdo con cambiar las leyes para permitir que personas enfermas reciban ayuda para terminar con su vida si así lo deciden. No es una minoría ruidosa. Es una mayoría silenciosa que el Legislativo no ha tenido el valor de escuchar. Samara tiene pluralidad política, respaldo ciudadano y un diagnóstico terminal que corre contra el reloj. Y aun así, la iniciativa duerme.
Ha dicho que sabe que quizás no estará viva para ver aprobada la ley que impulsa, pero que eso no la detiene. “Más vale tener el derecho y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo”, repite con la claridad de quien ya ha visto el fondo de las cosas. Es una frase que debería grabarse en la entrada de cada comisión legislativa que lleva meses sin dictaminar.
La muerte de Noelia y la lucha de Samara no son historias paralelas: son el mismo argumento en dos idiomas legislativos distintos. En uno, el Estado reconoció que el sufrimiento irreversible y la voluntad consciente bastan para ejercer el derecho más íntimo que existe. En el otro, la autonomía tiene límites donde empieza el miedo político, la presión clerical y la costumbre de patear lo incómodo.
Noelia descansó hoy. Samara todavía espera. Y el Congreso mexicano tiene pendiente explicarles a las dos por qué la dignidad es un derecho que se puede ejercer en Barcelona, pero no en Chihuahua.