El Congreso, a prueba de fuego

La Cámara de Diputados abrió hoy su periodo extraordinario de sesiones con una avalancha de reformas —entre 16 y 22 iniciativas— que buscan transformar áreas clave del Estado mexicano. Mientras Morena y sus aliados apuestan por la velocidad, la oposición denuncia opacidad y la falta de debate sustancial.

El primer gran tema es la transferencia del Coneval al Inegi: la centralización de la evaluación de políticas sociales en una sola institución técnica podría eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia, pero también existe el riesgo de politizar al Inegi y debilitar su autonomía en la medición de pobreza, un tema clave para los programas sociales. La oposición exige garantías de independencia, mientras Morena debería aceptar auditorías externas y frenos a la discrecionalidad para evitar suspicacias.

En la reforma a la Ley del Seguro Social, que permitiría a los trabajadores formales acceder a un porcentaje de su afore tras perder el empleo, el argumento es que funcionaría como un salvavidas en tiempos de crisis económicas. Sin embargo, los críticos advierten que podría agotar los fondos de pensiones a largo plazo si no existen mecanismos de reposición claros. La solución ideal sería una aprobación unánime, pero con ajustes: topes de retiro y aportaciones patronales adicionales para blindar el futuro de los trabajadores.

La iniciativa sobre la Guardia Nacional es la más polémica: formalizaría el mando militar bajo la Sedena, con el argumento de mejorar la coordinación contra el crimen organizado. Pero consolidar el control castrense de la seguridad pública viola el principio de mando civil y abre la puerta a riesgos graves en materia de derechos humanos. Morena debería incluir mecanismos de supervisión ciudadana y la oposición, en vez de bloquear por sistema, exigir fiscalización parlamentaria real.

En materia de desaparición forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda con apoyo de fiscalías locales parece avanzar en la dirección correcta, priorizando casos emblemáticos, como Ayotzinapa. Sin embargo, colectivos de víctimas exigen que se les incluya en el diseño de protocolos, y el PRI denuncia que el dictamen aún se desconoce. Aquí, la única salida legítima es una votación unánime tras mesas de trabajo con familiares de desaparecidos, evitando la politización de una tragedia nacional.

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones busca eliminar barreras burocráticas para la inversión en internet rural y reducir costos para los usuarios, pero podría debilitar al IFT y favorecer a los oligopolios, según advierte Movimiento Ciudadano. La transparencia es clave: Morena debe publicar el dictamen con anticipación y la oposición presionar por un equilibrio regulatorio que no sacrifique la competencia.

El dilema político es claro: Morena y sus aliados, con mayoría en la Comisión Permanente, insisten en que las reformas responden a una exigencia ciudadana, pero su prisa por aprobar sin dictámenes completos alimenta fantasmas del pasado lejano. Gobernar con mayoría no es sinónimo de suprimir contrapesos.

La oposición, por su parte, corre el riesgo de deslegitimarse si rechaza automáticamente iniciativas sociales necesarias. Su papel debe ser distinguir entre reformas urgentes, como la de desapariciones, y las controvertidas, como la militarización, presentando contrapropuestas en vez de caer en el obstruccionismo.

El periodo extraordinario podría ser una oportunidad para avances históricos si se prioriza el debate sobre la velocidad. Las reformas de seguridad y justicia merecen consenso, no trámites exprés; las sociales, agilidad sin negligencia. México no necesita leyes rápidas, sino leyes buenas. La democracia exige transparencia, no atajos.