El affaire Adán Augusto

La “crisis Adán Augusto” es mucho más que la caída en desgracia de un cuadro clave del obradorismo: es el reflejo más puro de cómo el poder real —ése que se ejerce fuera de los reflectores— puede minar la legitimidad de las instituciones y de la justicia en México, con repercusiones que trascienden fronteras.

Adán Augusto López Hernández no es sólo uno de los políticos más cercanos a Andrés Manuel López Obrador; es, desde su etapa como gobernador de Tabasco y luego como secretario de Gobernación, un operador de confianza, la voz de AMLO en las encrucijadas más delicadas y ahora, coordinador de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política. Su ascendiente en el partido es tan robusto que, incluso en medio del escándalo —tras la fuga y acusaciones criminales contra su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo e identificado con el grupo criminal La Barredora—, el morenismo ha cerrado filas en torno a su figura.

A pesar de la presión mediática y de la oposición, que exige investigación y transparencia, la respuesta institucional ha oscilado entre la defensa política y el deslinde protocolario. Claudia Sheinbaum, la presidenta, reconoce la necesidad de que López Hernández aclare públicamente su papel, aunque descarta que el escándalo perjudique a su administración y deja todo en manos de la fiscalía. La jefa del Ejecutivo insiste: “No vamos a cubrir a nadie” y sugiere que el senador debe rendir cuentas a la sociedad. Sin embargo, hasta ahora, Adán Augusto ha optado por el bajo perfil: reitera que sus logros en materia de seguridad son tangibles, que la violencia en Tabasco descendió bajo su gestión y que está a disposición de la autoridad, pero sin enfrentar las preguntas de fondo.

La situación exhibe el dilema de la justicia local en Tabasco: ¿hasta dónde puede investigar a fondo la fiscalía del estado a la vieja guardia del poder cuando uno de los suyos mantiene su ascendiente político sobre Morena y sobre la propia Fiscalía General de la República? La aparente “autonomía” en las investigaciones se ve ensombrecida por la telaraña de lealtades personales y políticas que caracterizan al sistema de justicia mexicano. El affaire deja entrever que, mientras no haya una rendición real de cuentas para altos funcionarios del oficialismo, la percepción de impunidad será difícil de erradicar.

Para la presidencia de Sheinbaum, el asunto es un desafío a la congruencia con su propio discurso de combate a la corrupción, de transparencia y justicia sin distingos. Si la administración opta por la protección tácita o la omisión, corre el riesgo de repetir los errores del pasado que Morena tanto criticó en administraciones anteriores.

Pero el alcance del escándalo también rebasa lo local. A nivel internacional, particularmente en la tensa relación con Estados Unidos, este tipo de escándalos debilitan el frente mexicano ante los reclamos recurrentes de Washington sobre el combate al crimen organizado, la penetración del narco en las instituciones y la falta de confianza en la integridad de los altos mandos. Basta recordar el caso García Luna para entender cómo la sombra de la corrupción policiaca en México puede impactar directamente en la cooperación binacional y alimentar viejos y nuevos prejuicios sobre la viabilidad de México como socio confiable en seguridad, justicia y migración.

En suma, el “affaire Adán Augusto” es un llamado de atención: el poder real, cuando no rinde cuentas, tiene el potencial de minar no sólo la justicia y la política local, sino la credibilidad del país entero a nivel internacional. Hoy, más que nunca, es hora de escoger entre la lealtad partidista o la restauración efectiva de la justicia y la confianza pública en ella. Y ese dilema trasciende a cualquier mandatario o partido.