En junio de 2027 se renuevan 17 gubernaturas. La fecha suena lejana hasta que uno la cruza con el calendario que ya corre: en septiembre arranca el proceso, las dirigencias nacionales tienen hasta ese mes para definir perfiles, y la geografía de esas 17 entidades coincide con el mapa que hoy ocupa la agenda bilateral con EU. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Doce las gobierna Morena, tres el PAN, una MC, otra el Verde.
De esas 17 entidades, al menos 10 son escenario activo del narcotráfico documentado por las propias agencias de EU: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Zacatecas, Quintana Roo y Campeche. Casi todas, bajo administración morenista. Lo que quiere decir que la selección de candidaturas que Morena haga durante el próximo año no es nada más una operación interna de paridad, encuestas y dinastías toleradas, sino la decisión más sensible de política exterior que México tomará de aquí a 2030.
El caso Rocha Moya dejó de ser anécdota el 29 de abril cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó, junto con otros nueve funcionarios sinaloenses, de proteger operaciones del Cártel de Sinaloa, recibir sobornos y colocar a operadores afines en posiciones de mando. La acusación retoma la elección de 2021 y reconstruye, con testimonios de Los Chapitos como colaboradores, una narrativa de robo de papeletas, intimidación a rivales y reuniones con la cúpula del cártel. Rocha pidió licencia, Geraldine Bonilla quedó al frente de Sinaloa, y la presidenta Sheinbaum sostuvo, con razón, que sin pruebas contundentes en territorio mexicano no se procede aquí. Pero el daño narrativo ya está hecho, y se hizo en un tribunal de EU, no en una mañanera. Ese tribunal seguirá produciendo testigos colaboradores y éstos produciendo nombres.
Ese es el escenario en el que hay que pensar la postulación de cada una de las 17 boletas, no como ejercicio de imagen, sino como un expediente de seguridad bilateral abierto antes de que el candidato registre su precampaña. Cada antecedente conocido en el territorio, fotografía con un alcalde después caído en desgracia, financiamiento opaco, reunión que en su momento se justificó como “proximidad con las bases”, va a ser revisado dos veces. Una en la sede del partido. Otra en una oficina en Manhattan.
Morena gobierna los estados donde se concentra la presión bilateral y es el partido del gobierno federal que negocia con la Casa Blanca. No es asunto menor que el principio que la Presidenta repite, cooperación sin subordinación, sólo se sostiene si no hay materia con la cual chantajear. Cada gubernatura mal postulada se vuelve pretexto para que Trump reedite, con menos esfuerzo, el argumento de que los cárteles gobiernan México. Ese argumento no es una opinión: es la antesala discursiva de la designación de organizaciones terroristas extranjeras, de los bombardeos a narcolanchas que ya suman más de 190 muertos, y de las ofertas reiteradas de envío de tropas. Una candidatura mal vista del lado norte no se discute en Twitter, sino en una sala donde ya hay actas, fiscales y testigos colaboradores.
PAN, MC y el Verde no están exentos. Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí tienen sus propias zonas grises, sus propias dinastías incómodas, sus propias herencias políticas que no resisten una lupa de EU. Pero ninguno de éstos lleva la conducción de la relación bilateral, y por eso la exigencia es asimétrica. Morena tiene que ser ultracuidadoso, pulcro, transparente. No porque la oposición lo merezca. Porque el costo del error ya no se paga en una elección perdida: se paga en soberanía cedida.
La paridad, la revocación y la reforma electoral van a importar. Pero antes que todo eso va a importar quién lleva nombre y rostro a esas diecisiete boletas. Porque ese nombre y ese rostro van a circular, en paralelo, por una oficina en Manhattan que ya abrió expediente.