A las 9:46 de la mañana de ayer viernes, Rubén Rocha Moya publicó en X una carta para informar que volvía a ser gobernador de Sinaloa. Regresa, escribió, “con la frente limpia y en alto”. Horas después, al llegar al Palacio de Gobierno, lo esperaban madres buscadoras de Navolato. Una le entregó expedientes y le reclamó: hay siete fosas pendientes de abrir. Ahí queda retratado el día completo.
El argumento del regreso es uno solo: tras 112 días de licencia, sostiene, la propia FGR informó que no existen los mínimos elementos de prueba en su contra. Todo cuelga de esa frase y la Fiscalía no ha dicho eso. Ni en comunicado ni en conferencia ni en documento alguno. Quien sí habló ese viernes fue la Secretaría de Gobernación, para aclarar que la reincorporación responde a una determinación de carácter personal y que las carpetas contra las diez personas señaladas por el Departamento de Justicia siguen abiertas. El acusado redactó su propia absolución y la publicó como si viniera de la autoridad. Morena se deslindó en dos párrafos, respetuosa del debido proceso, esa fórmula que ya sirve para todo.
El cinismo se mide contra los hechos. El 29 de abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional. Es la primera vez que Washington imputa y pide la extradición de un gobernador mexicano en funciones. Entre los señalados hay un senador y el alcalde con licencia de Culiacán. El expediente afirma que el extitular de Finanzas entregó a los hijos de El Chapo una lista de opositores del gobernador con sus domicilios, para intimidarlos y sacarlos de la contienda. No son rumores de columna: son personas que hoy están frente a una corte.
Los otros números son los de la casa. En dos años de guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, Sinaloa acumula más de tres mil homicidios y al menos cuatro mil desaparecidos. Antes del estallido promediaba 45 asesinatos al mes; en 2025 promedió 150. El 13 de agosto, el día que el Gabinete de Seguridad presumió como el menos violento de la administración, siete de los 20 homicidios del país fueron sinaloenses: una entidad puso la tercera parte de los muertos. El Inegi registra casi 60 mil personas menos ocupadas en el estado en dos años. Ése es el Sinaloa al que volvió con la frente en alto.
Falta el episodio que ordena a los demás. El 25 de julio de 2024, el mismo día en que Ismael Zambada terminó entregado en EU, asesinaron a Héctor Melesio Cuén. La entonces fiscal de Sinaloa difundió que lo habían matado dos jóvenes en moto en una gasolinería; los peritajes de la FGR hallaron después manchas hemáticas del exrector dentro de la finca Huertos del Pedregal y concluyeron que la escena había sido un montaje. Esta semana la Fiscalía detuvo a Fausto Corrales, el hombre que acompañó a Cuén ese día y sostuvo la versión falsa; el jueves un juez le dictó prisión preventiva. Rocha reasumió el cargo 48 horas más tarde, con esa noticia todavía caliente. No es torpeza. Es desfachatez con calendario.
Y ahora, lo que más importa. Este regreso no es una decisión de Palacio Nacional, y los hechos de ayer viernes parecen confirmarlo: Gobernación salió a corregirlo el mismo día, la Cancillería lleva meses exigiendo al Departamento de Justicia las pruebas que no llegan, y quien desmontó el montaje sinaloense y encarceló al testigo que mintió fue la Fiscalía mexicana, no una corte de Nueva York. La Presidenta ha sido exigente hacia afuera y prudente hacia adentro: a un mexicano no se le detiene con fines de extradición por un boletín de prensa. Esa misma exigencia le da la salida honrosa. Si la soberanía se defiende con instituciones, que las instituciones hablen: que la FGR informe en qué están las diez carpetas, con nombre y apellido, como acaba de hacerlo con Corrales. Rocha se colgó de ella en su carta del viernes. Nadie está obligado a aceptar el abrazo de un acusado.
Volvió a la silla porque legalmente podía. Volvió también a un estado con cuatro mil personas sin encontrar y siete fosas esperando en Navolato. La “frente limpia” era lo único que le faltaba reclamar. Se la concedió él mismo, por escrito, un viernes a las 9:46 de la mañana.