Hace poco más de dieciséis semanas era prácticamente imposible encender la radio, abrir un periódico o cambiar de canal sin encontrarse con la noticia-escándalo del momento. Y no era, ni de cerca, poca cosa.
En medio de una relación tensa entre el gobierno mexicano y un vecino tan impredecible como poderoso, llegó un anuncio que parecía romper cualquier atisbo de normalidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusaba a Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional y en funciones de Sinaloa, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Paralelamente, México recibió solicitudes para su detención provisional con fines de extradición.
Cualquier persona, al margen de ideologías o filias partidistas, puede reconocer la gravedad del hecho. El sistema de justicia estadunidense goza de un importante prestigio internacional y resultaba difícil hacer un pronunciamiento apresurado ante señalamientos de semejante magnitud contra un gobernador emanado del movimiento en el poder.
No hay que equivocarse. Sin información suficiente resulta imposible salir en defensa de nadie frente a indicios fundados de participación en actividades delictivas. Todo lo contrario.
Después de tantos años de lucha por transformar una vida pública marcada durante décadas por la corrupción, sería incongruente defender ciegamente a quien pudiera resultar involucrado en conductas de esa naturaleza, sin importar partido, cargo o apellido.
Pero esta columna ha buscado abordar los asuntos públicos atendiendo a los hechos y procurando alejarse del ruido mediático. Por eso resulta igualmente necesario señalar que, 115 días después, Washington no ha entregado a las autoridades mexicanas elementos probatorios suficientes para sustentar jurídicamente las acusaciones contra Rocha Moya.
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante y congruente. Trátese de quien se trate, cualquier posible actuación delictiva debe investigarse y sancionarse. Pero también debe actuarse conforme a nuestra Constitución y al marco jurídico vigente. Si existe una acusación de esta gravedad, lo mínimo exigible son pruebas que la sostengan. Más aún cuando el propio gobierno estadunidense ha rechazado solicitudes mexicanas de extradición precisamente por considerar insuficiente la evidencia presentada.
Y quizá eso sea lo verdaderamente noticioso a estas alturas. Hablamos de la principal potencia del mundo, dotada de agencias de inteligencia, recursos multimillonarios y capacidades de investigación prácticamente incomparables. Sin embargo, después de casi cuatro meses, no se ha hecho pública una llamada, fotografía, video, transferencia o algún otro elemento que permita comprobar las imputaciones formuladas en abril.
Incluso me parece políticamente imprudente la decisión de Rocha de regresar esta semana al ejercicio de la gubernatura después de la licencia que solicitó para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Su situación merece esclarecerse por completo y cualquier indagatoria debe continuar hasta sus últimas consecuencias.
Aquí no se trata de defender a Rocha Moya. Si hay pruebas, que caiga todo el peso de la ley. Pero mientras no se presenten, una acusación extranjera no puede convertirse por sí sola en verdad.
Estados Unidos tiene todo el derecho de investigar delitos cometidos contra sus leyes y ambos países se encuentran mutuamente obligados a colaborar cuando corresponda. Lo que ninguna relación bilateral debería normalizar es que una acusación de semejante gravedad sustituya indefinidamente a la evidencia que tendría que respaldarla.
Han pasado 115 días. Si existen las pruebas, tienen que presentarse, por el bien de nuestra República. Y si no, alguien tendrá que responder por haber convertido una intromisión en nuestra vida política interna en un espectáculo barato.