Hay una aritmética que la FGR no ha querido hacer en voz alta, así que la haremos aquí.
El 16 de julio, Ernestina Godoy anunció la detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, y la presentó como el golpe a “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”. El daño al erario atribuido a esa estructura: 4 mil mdp. Esta semana, tras una audiencia de más de 30 horas, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega lo vinculó a proceso junto con siete coacusados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Permanecerá en el Altiplano.
Ahora la aritmética. El Estado pierde alrededor de 200 mil mdp al año por huachicol fiscal. Son 16 mil 700 mdp al mes. La “red más grande del país” explicaría entre 3 y 4% del boquete. Dicho de otro modo: la mayor red detectada hasta ahora cabe, completa, en una semana de saqueo.
Y ese 4% es la cifra generosa. La procuradora fiscal Grisel Galeano cifró en octubre pasado el perjuicio acumulado en 600 mil mdp, de los cuales apenas 16 mil estaban en denuncias. Especialistas calculan que entre 2019 y 2024 se dejaron de pagar cada año entre 98 mil y 121 mil mdpde IEPS e IVA. Como referencia: la Estafa Maestra implicó desvíos por al menos 7 mil mdp; Segalmex, más de 15 mil. El huachicol fiscal los multiplica por decenas.
Conviene recordar quién apareció primero en esta historia, porque la memoria pública es corta y el gobierno lo sabe. El 7 de septiembre de 2025 fue detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna junto con otros 13 implicados: tres empresarios, seis marinos y cinco funcionarios aduanales. Él y su hermano Fernando —sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán— fueron señalados como cabezas de una red que operaba en Manzanillo, Tampico y Altamira, y que habría desembarcado más de 30 buques con combustible en dos años. El contralmirante Fernando Farías estuvo prófugo hasta que fue detenido en Argentina en abril de este año, con pasaporte falso de Guatemala y ficha roja de Interpol.
La red suma al menos 15 detenidos. Quince. Frente a un desfalco de 600 mil mdp. Y una pregunta que la defensa de los Farías dejó sobre la mesa y nadie ha recogido: pidieron que Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, declare. Sigue sin hacerlo.
Hay más. El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, reconoció ante la Comisión de Hacienda que el papel de los agentes aduanales en los esquemas de contrabando ha sido poco visibilizado y que, hasta ese momento, no enfrentaban procesos judiciales. Un esquema que requiere pedimentos falsificados, declaraciones aduanales alteradas y complicidad en ventanilla, y los agentes aduanales pasan de noche.
Que quede claro, porque en este país todo se lee en clave de bando: si Ruffo Appel cometió los delitos que se le imputan, que pague. La jueza consideró que la FEMDO aportó datos de prueba suficientes, y eso no es cosa menor. Corresponde a la autoridad judicial determinar su responsabilidad, y hasta que haya sentencia se le presume inocente —el mismo estándar que se le debe a los Farías Laguna, a los funcionarios aduanales y a quien siga.
El problema es otro. Es que el caso más publicitado, el que ocupó la conferencia de la fiscal general y las ocho columnas, sea justamente el que explica cuatro de cada cien pesos robados. Es que el rostro del huachicol fiscal —un delito que floreció durante el sexenio pasado, bajo la vigilancia de instituciones que se decían incorruptibles— termine siendo el de un panista de 74 años y no el de la estructura mucho más robusta que lo hizo posible durante seis años.
La pregunta central no es si la red de Ruffo Appel es grande. Es quién opera 95% restante. Cada mes que pasa sin respuesta cuesta 16 mil 700 millones de pesos. Eso es dos veces la Estafa Maestra. Al mes.
Se llama huachicol fiscal, pero el nombre engaña: no es un delito de gasolineras. Es un delito institucional, de puertos, de vías férreas y de despachos. Requiere Estado. Y mientras el Estado sólo detenga a quienes le resultan políticamente rentables, seguirá siendo cómplice de 95% que no persigue.