Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. No suelen derrumbarse por un solo acontecimiento ni por una decisión aislada. Su deterioro comienza cuando una sociedad deja de sorprenderse por hechos que antes habría considerado inaceptables. Lo extraordinario deja de parecerlo y, poco a poco, la excepción comienza a sustituir la regla.
Ese proceso es silencioso. No altera de inmediato la vida cotidiana ni produce cambios visibles para la mayoría de las personas. Por eso resulta tan difícil advertirlo. Mientras seguimos ocupados en resolver los problemas de todos los días, también cambia, casi sin notarlo, nuestra manera de entender la relación entre el poder y la ley.
La democracia no sólo se sostiene en elecciones libres. Descansa, sobre todo, en la convicción de que existen reglas que deben respetarse incluso cuando resultan incómodas. El Estado de derecho significa precisamente eso: que las normas se aplican por igual y que nadie puede decidir cuándo obedecerlas y cuándo ignorarlas según las circunstancias o la conveniencia del momento.
Por ello resulta preocupante escuchar, con aparente naturalidad, que una norma no debería aplicarse porque afecta a determinadas personas. Más allá del caso concreto o de quien formule esa afirmación, el mensaje encierra una idea profundamente distinta a la que inspira un Estado constitucional. La ley deja de ser una regla general para convertirse en una decisión condicionada por la voluntad del poder o por la simpatía hacia quienes recibirán sus efectos.
Lo verdaderamente inquietante, sin embargo, no es que esas expresiones existan. Siempre habrá gobernantes que intenten desbordar los márgenes de su actuación. Lo preocupante ocurre cuando dejan de generar debate, cuando apenas provocan reacción o cuando terminan aceptándose como una forma legítima e irremediable de ejercer el poder. Cuando la sociedad lo asume como un mal que está destinado a vivir y no como una realidad que tiene el poder de cambiar con su voto. En ese momento no sólo cambia el discurso político; comienza a modificarse nuestra cultura democrática.
Las sociedades no renuncian a sus libertades de una sola vez. Primero aceptan una excepción. Después toleran otra. Más adelante consideran normal aquello que, tiempo atrás, habría provocado una amplia discusión pública. Así, sin grandes rupturas, los límites al poder dejan de percibirse como una garantía para los ciudadanos y empiezan a verse como obstáculos prescindibles.
La historia demuestra que los contrapesos institucionales no fueron creados para dificultar la acción de los gobiernos, sino para proteger a la sociedad frente a los excesos que todo poder puede llegar a cometer. Las constituciones no parten de la idea de que existan gobernantes buenos o malos; parten de una realidad mucho más sencilla: ningún poder debe quedar sin límites, porque las personas cambian, pero las reglas deben permanecer.
Quizá el mayor riesgo para una democracia no sea perder una institución específica, sino perder la capacidad de advertir su ausencia. Cuando dejamos de extrañar las reglas que garantizan la igualdad ante la ley, la independencia de las instituciones o el respeto a los límites constitucionales, comenzamos también a aceptar que esos principios ya no son indispensables.
La normalización del asalto a las garantías democráticas, a la existencia de jueces federales independientes, la fatalidad de las desapariciones, los feminicidios, el robo de los recursos públicos y la alianza con el crimen nos convierte en una sociedad de cómplices.
Las democracias no mueren únicamente cuando cambian sus leyes. Empiezan a debilitarse cuando cambia la conciencia de sus ciudadanos. Porque el día en que dejamos de extrañar los límites al poder, también comenzamos a dejar ir la libertad que esos límites protegían.