CNTE: ¿quién pompó?

En las últimas semanas, la Ciudad de México ha sido escenario de un episodio más del ya conocido modus operandi de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): movilización, bloqueo, negociación y, de no llegar a acuerdos, volver a la movilización. Desde el 15 de mayo, la capital vive el plantón en el Zócalo, marchas masivas, bloqueos en arterias vitales como Paseo de la Reforma, Chapultepec, el Aeropuerto Internacional y hasta en dependencias gubernamentales y medios de comunicación. El objetivo es claro: presionar al gobierno federal para derogar la Ley del ISSSTE de 2007, recuperar el sistema de pensiones solidario y exigir mejoras salariales.

La CNTE ha mostrado una capacidad logística notable. Miles de maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y otros estados llegan a la capital en autobuses, se instalan en campamentos con casas de campaña, distribuyen alimentos y mantienen presencia en las calles durante semanas. Todo esto tiene un costo elevado: traslados, hospedaje, alimentación y, en muchos casos, pagos o compensaciones a quienes participan en las protestas. Se estima que movilizar a mil personas por una semana puede costar millones de pesos.

El modus operandi es conocido y efectivo: la presión social a través de la interrupción de la vida cotidiana de la ciudad. La CNTE no negocia sólo en las mesas de diálogo; negocia en las calles, bloqueando, marchando y afectando la movilidad. El gobierno, por su parte, ha optado por el diálogo y la tolerancia, pero las negociaciones han encallado una y otra vez, sin avances sustanciales.

En medio de este ambiente tenso, han surgido episodios de mayor confrontación: lanzamiento de piedras a la Secretaría de Gobernación, intentos de forzar el acceso a dependencias y altercados con la policía, protagonizados por pequeños grupos, en su mayoría encapuchados, dentro de las manifestaciones. Estos actos, aunque minoritarios, han escalado el conflicto y alimentado la especulación sobre quién podría estar detrás de las provocaciones.

¿Quién financia todo esto? La pregunta ronda en el ambiente político y mediático. Oficialmente, la CNTE asegura que no recibe recursos del gobierno. Sin embargo, la realidad parece más compleja. Existen denuncias de financiamiento a través de cuotas ilegales por plazas, control de nóminas y, en algunos casos, apoyo de gobiernos estatales que buscan apaciguar la conflictividad social en sus territorios. Ha habido casos de autobuses del Instituto de Educación de Oaxaca transportando manifestantes a la capital, lo que sugiere complicidad de autoridades locales. Además, los propios manifestantes han tomado casetas de acceso a la ciudad para solicitar cuotas voluntarias para su movimiento.

Pero, ¿quién podría estar detrás de las provocaciones más radicales? ¿Hay algún interés político o económico en desestabilizar a la ciudad y al gobierno federal? Especulando, podría tratarse de actores que buscan debilitar la imagen de las dos mujeres al mando, de grupos políticos que operan en la sombra.

En todo caso, la CNTE ha institucionalizado el caos como herramienta de presión. Sus movilizaciones no son espontáneas ni baratas, y detrás de cada bloqueo hay una estructura de financiamiento opaca y fragmentada. La pregunta sobre quién paga y quién se beneficia de la desestabilización sigue abierta, pero lo que sí es evidente es que el modus operandi de la CNTE sigue siendo tan efectivo como polémico: la presión en las calles, la negociación en las mesas y, si no hay acuerdo, la vuelta a las calles, y de ser necesaria, la violencia. Así, la CNTE demuestra que, en México, el poder sigue ganándose tanto en las urnas como en las calles, a fuerza de bloqueos, de gritos y de sombrerazos.

Addendum

Y es que si preguntamos “CNTE, ¿quién pompó?” no extrañaría que la respuesta esté en la pregunta misma.