Ayotzinapa: 8 años

El tiempo pasó demasiado rápido, sobre todo para quiénes hoy son tomadores de decisiones y que hace unos años eran oposición, desde donde exigían, clamaban justicia y castigo a los responsables por la desaparición de los 43 normalistas. El tiempo los alcanzó, la realidad también. Ahora a ellos ya no sólo se les exigen respuestas por lo ocurrido aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero; ahora también a ellos se les exige razón de los más de cien mil desaparecidos que ha acumulado México en varias décadas. Porque de eso se trata también gobernar: el trazo de nuevas rutas con metas definidas, no sólo de la promesa de “ahora sí, nosotros somos distintos…”.

Y sobre Ayotzinapa se ha dicho tanto, pero en realidad no sabemos nada. Porque primero fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora lo es en el de Andrés Manuel López Obrador, el expediente ha sido manoseado más por el interés político que por el de conocer qué fue lo que realmente sucedió con los estudiantes. A las familias, a ellas les ha tocado lo más doloroso: el grito desesperado y la escucha de promesas que no se cumplen.

Cuando hace unas semanas Alejandro Encinas presentó el nuevo informe de la Comisión para la Verdad y el acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, la que “derribó” la llamada verdad histórica presentada en 2014 y firmada por el hoy preso exprocurador Jesús Murillo Karam, se subrayó que la principal diferencia es que esta última estuvo basada en testimonios obtenidos a partir de torturas, también señaló por primera vez que se trató de un crimen de Estado y que ese episodio pudo haberse evitado. Se habló de alteración de las escenas del crimen, de los vínculos entre criminales y autoridades de aquel entonces. Con bombo en Palacio Nacional se afirmó que el trabajo de la Comisión, echaba abajo aquella primera versión que sostenía que los estudiantes llegaron a Iguala para boicotear un evento de la esposa del entonces alcalde, José Luis Abarca. Sí, diferencias, pero ninguna arrojó nuevos detalles sobre el destino final de los 43 estudiantes, por eso incluso las familias han sido cautelosas en la forma en que recibieron este nuevo informe. Al momento, ni siquiera la nueva investigación ha dado señales claras sobre lo que ocurrió con los jóvenes, pero sí se desvirtúa el debate que se debería tener sobre este caso.

Este fin de semana, dos filtraciones ocuparon el centro de la conversación previo al 26S. En una se revelaban detalles antes testados, dicen, para no abonar a violaciones al debido proceso, otra más señalaban sobre la distancia que hay entre la FGR y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Sin embargo, la atención no se la llevaron las revelaciones, más bien fue la persecución. La Fiscalía informó que investigará a los integrantes de la Comisión. Perseguir al mensajero como falsa vía para castigo, aunque en realidad se tendría que acelerar la investigación de un caso que esta administración prometió resolver, pero que se ha quedado sólo como elemento del discurso político. Alejandro Encinas ha sido el único que ha trazado su propia ruta para ser más sensato en las declaraciones: sabe que la única opción es llegar a la verdad, por dolorosa que sea; pero eso no ha evitado que, al interior del movimiento de los padres de los 43 jóvenes se exprese el descontento y la desilusión, no ven diferencias en el manejo de esta investigación entre el sexenio anterior y el actual.

Casi una década, y cuando todo apunta, hasta la “nueva versión”, a la participación de militares, hoy por lo pronto desde Palacio Nacional tendremos un avance de la consulta sobre la “pertinencia” de mantener a la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La contradicción, la no transformación y, lo peor: la incertidumbre a esas familias, esas 43 que son símbolo de esas miles más, porque los desaparecidos de Ayotzinapa, no son los únicos.