Autodeterminación

La autodeterminación de los pueblos es, sin duda, uno de los principios fundacionales del derecho internacional moderno y una promesa de justicia histórica. Es el derecho inalienable de una comunidad a decidir libremente su estatus político y buscar libremente su desarrollo económico, social y cultural, sin injerencias externas. En su esencia más pura, es la antítesis del colonialismo y la tiranía foránea.

Sin embargo, como tantos principios nobles, la autodeterminación se ha convertido en una divisa de doble filo, frecuentemente invocada como un cheque en blanco para silenciar la crítica, justificar la impunidad y, paradójicamente, oprimir a los propios ciudadanos que supuestamente protege. Es crucial que despojemos a este concepto de la aureola de inviolabilidad absoluta cuando choca con principios éticos y de derechos humanos fundamentales. La verdadera autodeterminación no es sólo un acto de soberanía externa; es, fundamentalmente, un acto de soberanía interna y responsabilidad. Debe significar:

El derecho a elegir (y cambiar) liderazgos: implica el derecho de un pueblo a tener instituciones representativas y a revocar su mandato. La autodeterminación se anula si el líder o régimen en el poder utiliza la soberanía nacional como escudo para perpetuarse mediante el fraude electoral, la represión o la eliminación de la oposición.

El respeto a los derechos inalienables: un pueblo no se autodetermina plenamente si sus líderes niegan los derechos humanos básicos –la libertad de expresión, el debido proceso, la protección contra la tortura, la igualdad ante la ley– a sus propios ciudadanos. El derecho de un Estado a no ser intervenido jamás puede significar el derecho a cometer crímenes de lesa humanidad contra su población. La soberanía termina donde comienzan las fosas comunes.

La responsabilidad hacia la ciudadanía: el concepto debe estar indisolublemente ligado a la rendición de cuentas y la justicia. La autodeterminación no es una carta de impunidad para la cleptocracia, la corrupción masiva o el abuso de poder sistemático. El principio de autodeterminación ha sido pervertido cuando se usa para defender lo indefendible: no es la defensa de liderazgos terribles y/o abusivos. Invocamos la autodeterminación por respeto a un pueblo, no por respeto a un tirano. Cuando un régimen es responsable de atrocidades masivas, encarcelamiento de disidentes o la supresión total de las libertades civiles, la defensa de ese régimen por “respeto a la soberanía” es una traición a los ideales de libertad que el principio debería encarnar. La comunidad internacional tiene la obligación moral de distinguir entre un pueblo y sus verdugos.

No es un permiso para vulnerar derechos propios: La defensa de “nuestra soberanía” no puede ser una excusa para la barbarie interna. La autodeterminación no autoriza a los líderes a saquear los recursos nacionales, a desmantelar el Estado de derecho o discriminar sistemáticamente a minorías bajo el pretexto de una “forma de vida” o “decisión nacional”.

No es una jaula infranqueable: el respeto a la autodeterminación no debe significar la indiferencia ante el sufrimiento humano. Si un Estado ejerce su soberanía para torturar, matar o someter a su pueblo, la invocación de este principio se convierte en la herramienta más cínica para eludir la responsabilidad internacional. El concepto de la Responsabilidad de Proteger (R2P), aunque debatido y sujeto a abusos, surge precisamente de la constatación de que la soberanía no es un permiso para asesinar.

El verdadero desafío es redefinir la autodeterminación de manera que sirva a la libertad y dignidad de las personas, y no a la conveniencia de las élites, sean las que sean: económicas, políticas, militares o, muchas veces, criminales. Necesitamos un estándar donde el respeto a la autodeterminación de un Estado esté condicionado a su cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos y gobernanza democrática. Respetar la autodeterminación no es aplaudir al dictador; es apoyar al ciudadano que lucha por la democracia y los derechos humanos dentro de ese territorio.

La defensa de la autodeterminación debe ser, por encima de todo, la defensa del derecho del pueblo a no ser oprimido ni por una potencia extranjera ni por sus propios líderes. De lo contrario, este principio se degrada a una simple coartada diplomática, vacía de contenido moral, para mirar hacia otro lado mientras la justicia y la dignidad sucumben.