Anatomía de un amparo fantasma

El caso del supuesto amparo tramitado para Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador, es algo más que una simple irregularidad procesal. Es el síntoma de un sistema judicial vulnerado, en el que la identidad de un abogado puede ser ...

El caso del supuesto amparo tramitado para Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador, es algo más que una simple irregularidad procesal. Es el síntoma de un sistema judicial vulnerado, en el que la identidad de un abogado puede ser usurpada con aparente facilidad para promover protecciones judiciales que nadie solicitó, en un expediente que incluye desde familiares presidenciales hasta presuntos operadores del huachicol fiscal.

El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald fue claro: jamás tramitó ningún amparo para los López Beltrán. En entrevista con El Universal, el abogado dijo que hoy, con sorpresa, se enteró por los medios nacionales que a su persona se le adjudicó ser abogado promovente de un amparo a los dos hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su sorpresa se transformó en indignación al descubrir que alguien usó su identidad para presentar al menos tres amparos diferentes en Zacatecas, Tabasco y Ciudad de México.

Lo kafkiano está en los detalles. El expediente 2098/2025 señala que la solicitud de amparo fue ingresada sin firma autógrafa ni electrónica del promovente. Protege contra órdenes de aprehensión a 16 personas. Como domicilio se señaló al Hotel Círculo Mexicano, donde opera Finca Rocío Chocolate, negocio de los López Beltrán.

Rodríguez Smith Mac Donald interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas por los delitos de “usurpación o suplantación de identidad, falsificación de documentos y lo que resulte”. Quien orquestó esta maniobra conocía el sistema judicial: sabía que un amparo “buscador” puede tramitarse electrónicamente y la suspensión provisional se otorga de plano en casos de posible desaparición forzada. Cometieron el error de usar “Francisco Javier” cuando el nombre real del abogado es Juan Francisco, detalle que sugiere información mal copiada.

La investigación debe rastrear la IP desde donde se presentó el amparo, analizar patrones comunes en los tres amparos e investigar quién pagó la fianza de 10 mil pesos. ¿Por qué incluir en el mismo amparo a los López Beltrán junto con investigados por huachicol fiscal? ¿Es un intento de proteger a estos últimos usando como escudo mediático a los hijos del expresidente? El timing es sospechoso: los amparos se presentaron el 16 de septiembre, cuando la atención mediática estaba dispersa.

El caso expone una vulnerabilidad sistémica alarmante. Si es posible suplantar la identidad de un abogado para obtener protección judicial para 16 personas, incluyendo familiares de un expresidente, ¿cuántos amparos fantasma circulan en los juzgados del país? Un mecanismo diseñado para proteger derechos fundamentales se convierte en instrumento de manipulación.

Debe marcar un punto de inflexión la digitalización del sistema judicial. Se necesita autenticación robusta, firma electrónica obligatoria con certificados verificables y sistema de alertas de anomalías. El abogado víctima de la suplantación tiene razón: “Si otra vez no hago nada, pueden volver hacerlo otra vez”. No es sólo su reputación la que está en juego, es la integridad del sistema judicial mexicano. Si alguien puede fabricar amparos fantasma para los hijos de un expresidente, entonces el Estado de derecho es sólo una ficción. En un país donde la justicia está en crisis de credibilidad, no puede haber más simulaciones.

La existencia de una suplantación de identidad en torno al amparo mediático no debe confundirse ni servir como exculpación de ningún tipo para ninguno de los involucrados en posibles hechos ilícitos. La responsabilidad penal por suplantar o falsificar datos es un proceso aparte e independiente del fondo de cualquier investigación que pudiera existir por actos indebidos que puedan atribuirse a los mencionados. Es fundamental distinguir entre el delito de usurpación de identidad y la posible comisión de otros delitos, ambos requieren ser esclarecidos por vías legales distintas, sin que uno excluya las consecuencias del otro ni obstruya el curso de las indagatorias pertinentes.

Addendum. ¿Quién y por qué (o para qué) tendría la extraña voluntad o perversidad de poner la atención mediática en un amparo inexplicable cuando tantas cosas están pasando en el país, por ejemplo la expulsión de Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay hasta México, o el arranque de los foros para debatir precisamente la reforma a la Ley de Amparo presentada por la Presidenta..?

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