Alcatraz de cocodrilos

La reciente detención de turistas mexicanos en el infame centro de reclusión migratoria conocido como “Alcatraz de cocodrilos” pone de relieve hasta qué punto el sistema migratorio estadunidense ha optado por la humillación y la violencia institucional como herramientas de política pública. No se trata de un incidente aislado; es la confirmación de un modelo de detención basado en el miedo y el encierro extremo, donde la dignidad y los derechos de las personas se ven deliberadamente pisoteados.

Ubicado en los pantanos de Florida y rodeado por humedales infestados de cocodrilos, este recinto, inaugurado bajo la era Trump como símbolo de fuerza antiinmigrante, tiene la capacidad de encerrar a más de cinco mil personas al mismo tiempo. Los testimonios de compatriotas y asociaciones civiles no dejan espacio a la duda: el hacinamiento es brutal, la privación de contacto consular es la norma y la reclusión se lleva a cabo en condiciones de aislamiento inhumano. Se reportan temperaturas extremas, alimentos en mal estado, falta de agua potable, rejas que no distinguen entre adultos, jóvenes y niños, y una vigilancia implacable que busca anular la voluntad de quienes ahí son confinados. La crueldad, incluso, ha sido públicamente ironizada por altos funcionarios estadunidenses que llegaron a bromear sobre la necesidad de que los migrantes aprendan a escapar de cocodrilos si quieren intentar huir.

No es casual que el nombre y los métodos de este centro evoquen prácticas de terror y deshumanización programada. Más allá de la retórica antimigrante, lo que sucede en Alcatraz de cocodrilos recuerda los peores capítulos de la historia del siglo XX: los gulags soviéticos y los campos de concentración nazis. Aunque cada uno responde a contextos, escalas y fines específicos; el paralelismo es inevitable: el encierro masivo por motivos políticos o étnicos, el aislamiento físico y psicológico, las condiciones indignas y el uso del miedo y la degradación como forma de advertencia colectiva. Que estos horrores se repitan bajo el pretexto de la protección de fronteras constituye una traición a los valores democráticos y a los derechos humanos más elementales.

La comunidad internacional, los gobiernos involucrados —especialmente el de México— y los actores políticos estadunidenses no pueden permitir que esto continúe. Resulta urgente exigir el acceso inmediato de consulados a los detenidos, la supervisión de organismos internacionales de derechos humanos dentro de estos centros y la repatriación inmediata de quienes han sido capturados de manera irregular, incluyendo turistas con papeles en regla. Tanto demócratas como republicanos tienen la responsabilidad ética de rechazar públicamente este modelo de reclusión, avanzar hacia una reforma migratoria de carácter humanista y proponer alternativas reales a la detención masiva. Organizaciones civiles y gobiernos deben impulsar demandas legales y campañas de visibilización para poner un alto definitivo a estas prácticas.

Aceptar el encierro en condiciones inhumanas como política migratoria es consentir, en el presente, la perpetuación de los peores excesos represivos del pasado. Mientras lugares como Alcatraz de cocodrilos sigan existiendo, la sombra de los gulags, campos de concentración y prisiones infames seguirá vigente y creciente sobre la conciencia global. Frenar este horror no es sólo una obligación legal o diplomática, es el mandato moral más urgente de nuestra era.