Aguachicol

• Aquí no hay perforaciones ilegales, sino títulos de concesión. No hay cárteles del narco sino expresidentes y exgobernadores.

El término huachicol nació para describir el alcohol adulterado, mutó para nombrar el robo de gasolina, y ahora tiene una nueva encarnación en todo el país: yo lo llamaría el aguachicol. Pero en El Bajío mexicano, el saqueo del agua no viene de perforaciones clandestinas ni de delincuentes con mangueras. Aquí, el despojo es legal, viene con sellos oficiales y tiene apellidos de abolengo político.

Una investigación periodística revela que seis figuras prominentes del Partido Acción Nacional controlan aproximadamente 3.3 millones de metros cúbicos de agua en la región del Bajío, una cantidad equivalente al tamaño de la presa que abastece a la ciudad de Ensenada, Baja California. No es poca cosa: esa reserva podría abastecer a una comunidad de 330 personas durante 274 años .

Los dueños de este patrimonio líquido son conocidos: cuatro exgobernadores (Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato; Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Ignacio Loyola Vera, de Querétaro, y Francisco Javier Ramírez Acuña, de Jalisco), un expresidente nacional del PAN (Marko Cortés) y un expresidente de México, Vicente Fox.

La familia Fox Quesada acapara 10 concesiones que suman 2.1 millones de metros cúbicos, todas ubicadas en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde se encuentra su rancho y sus empresas agrícolas. Las primeras concesiones llegaron mientras Fox era gobernador y candidato presidencial, entre 1997 y 1999.

Dentro de la Comisión Nacional del Agua ya los llaman El Cártel del Agua. El mote no es casual: estas concesiones comenzaron a otorgarse durante el sexenio de Ernesto Zedillo, justo cuando el PAN emergía como alternancia política, y continuaron durante el ejercicio de sus cargos públicos. Como señala un experto citado en el reportaje de Rivelino Rueda para Milenio: “No es sequía, es saqueo”.

El problema va más allá de la acumulación. Estas concesiones son para uso agrícola y no pagan derechos, pero muchas se han convertido en desarrollos habitacionales que siguen sin pagar, aprovechando que están registradas como riego agrícola . Es un negocio redondo: obtener agua casi gratis con el pretexto agrícola y luego comercializarla a precios de mercado para pipas que abastecen a agricultores e industria de vivienda.

Mientras tanto, el aguachicol profundo —el de las tomas clandestinas— prolifera en otras regiones. En Nuevo León se detectaron ranchos que robaban agua equivalente al consumo de 140 mil habitantes. En Oaxaca, el líquido contaminado del río Atoyac se extrae y vende sin que nadie intervenga. En Ecatepec, el robo de agua funciona como economía de supervivencia ante el colapso del servicio público.

Pero el aguachicol del Bajío es distinto. Aquí no hay perforaciones ilegales, sino títulos de concesión. No hay cárteles del narco sino expresidentes y exgobernadores. No es criminalidad organizada sino captura institucional.

De 536,533 títulos de concesión revisados por el gobierno actual, 163,689 están vencidos . La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado un decreto para regularizar estas concesiones y una reforma legal con sanciones de hasta 12 años de cárcel para quien lucre con el agua. Pero el daño ya está hecho: tres décadas de acaparamiento en una de las zonas con mayor estrés hídrico del país.

El agua del Bajío es azul, como el color del PAN. Pero debería ser transparente, como todo lo que es de todos.