49 mil litros

La tarde del ayer, Iztapalapa vivió uno de sus episodios más devastadores, cuando una pipa con 49,500 litros de gas LP —equivalente a 1,650 tanques domésticos— se volcó sobre el Puente de la Concordia, provocando una explosión que generó una columna de fuego de 30 metros de altura y una onda expansiva que rompió ventanas a 500 metros a la redonda.

El saldo humano es desgarrador: tres muertos, incluida una mujer atrapada en el transporte público, y 70 heridos, 19 en estado crítico, con quemaduras que cubren más de 60% de su cuerpo. Entre los afectados hay niños, adultos mayores y trabajadores que simplemente regresaban a casa. Dieciocho vehículos quedaron calcinados, incluyendo combis repletas de pasajeros en hora pico.

La unidad pertenecía a Gas Uribe, empresa previamente sancionada por irregularidades de seguridad. El conductor, bajo custodia, aparentemente perdió el control por exceso de velocidad. Testigos reportaron que la pipa zigzagueaba peligrosamente kilómetros antes del accidente.

Clara Brugada llegó en menos de una hora, rompiendo con la tradición de comunicados a distancia. Con casco y chaleco de emergencia, supervisó personalmente las labores mientras el gas seguía fugándose. “No vamos a tolerar la negligencia en el transporte de materiales peligrosos”, declaró firmemente mientras los bomberos combatían las últimas llamas.

El operativo movilizó a más de 200 elementos: bomberos, paramédicos del ERUM, helicópteros Cóndores y Protección Civil estableciendo un perímetro de 800 metros. La Cruz Roja activó su protocolo de emergencia mayor, habilitando quirófanos en tres hospitales.

Sin embargo, la eficacia de la respuesta no oculta las fallas sistémicas. En la CDMX circulan diariamente más de 3,000 pipas de gas LP, muchas en condiciones deplorables, con conductores trabajando jornadas de 16 horas. No existen rutas obligatorias que eviten zonas pobladas ni GPS obligatorio, y las verificaciones mecánicas son trámites que se sortean con mordidas. El Puente de la Concordia es un punto neurálgico donde convergen miles de personas cada hora: vendedores, estudiantes, trabajadores transbordando. Una bomba de tiempo que explotó, pero pudo haber sido cualquiera de los cientos de puntos críticos de la megalópolis.

Urge un sistema integral: rutas exclusivas para materiales peligrosos evitando zonas habitacionales; gobernadores de velocidad y telemetría obligatorios; certificación rigurosa de conductores, con exámenes toxicológicos sorpresa; policía especializada en transporte peligroso; centros de transferencia periféricos donde pipas grandes traspasen carga a unidades menores, y seguro obligatorio que realmente cubra daños potenciales.

Los vecinos de Iztapalapa conocen el precio de la marginación. Esta explosión es la manifestación más violenta de un abandono sistemático: infraestructura obsoleta, servicios deficientes y la confirmación de que son territorio de paso para bombas rodantes sin supervisión.

Las familias destrozadas no necesitan más promesas. Necesitan que el gobierno entienda que cada pipa sin control es una ruleta rusa; cada conductor exhausto, un riesgo latente, y cada empresa operando en la opacidad es cómplice potencial de la próxima tragedia.

La explosión del 10 de septiembre debe marcar un antes y un después en la gestión del riesgo urbano. Los 49,500 litros que estallaron deben convertirse en 49,500 razones para que nunca más la negligencia empresarial y la omisión gubernamental cobren vidas inocentes.

Porque esta vez la mecha que nadie apagó nos recordó brutalmente que en esta ciudad el peligro viaja sobre ruedas, sin frenos, sin control y con la complicidad de un sistema que prefiere apostar a que no pase nada antes que invertir en que nada pase. La pregunta no es si habrá otra explosión, sino cuándo y dónde, a menos que actuemos ahora.

ADDENDUM

... porque ver camiones RTP o de volteo circulado libremente en el segundo piso de Periférico resulta igual de preocupante.