La raíz del descontento mexicano

En el mismo país en el que el puntero de la elección, López Obrador, tiene 42.7% del voto (oraculus.mx), cerca del 20% de la población dice que nunca votaría por él (político.mx). El 71.7% de los mexicanos desconfía del gobierno federal y el 80.4%, de los partidos políticos (ENCOG 2017).

La razón detrás de la fragilidad democrática en México es simple: Las instituciones que hemos creado han sido incapaces de identificar y responder a los desafíos económicos y políticos que enfrentamos.

Son estas instituciones, supuestamente democráticas, pero de facto sordas a las demandas ciudadanas, las que han causado el creciente rechazo a los partidos políticos y a la clase política en su conjunto. El fenómeno no es exclusivo de México sino, como bien lo han identificado Foa y Mounk (Journal of Democracy, 2017), una tendencia global que se ha detonado al crear una tecnocracia, alejada de la realidad del ciudadano, y falta de creatividad y arrojo.

Un ejemplo es el salario mínimo general.

El salario mínimo se fija por la Conasami, una institución supuestamente democrática y tripartita que ha sido incapaz de responder adecuadamente a las necesidades más básicas del trabajador que, supuestamente, ahí se encuentra representado. Con argumentos técnicos nacidos de la comodidad y de una falta profunda de creatividad (o voluntad) para cambiar las cosas, la Conasami por años argumentó que el salario mínimo no podía subirse porque se generaría una espiral inflacionaria, desempleo e informalidad.

Hoy sabemos que eso no era necesariamente cierto, pero así, con esos argumentos, anualmente y de forma “democrática”, la Conasami tomó la decisión de mantener un salario mínimo que, por más de veinte años, ha sido tan bajo que es ilegal.

La Ley Federal del Trabajo es clara en señalar que “el salario mínimo general debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia (…)”. Sin embargo, en México el salario mínimo es tan bajo que quien lo gana se encuentra condenado a trabajar 40 horas para vivir en pobreza (i.e. por debajo de la línea de bienestar fijada por el Coneval, marzo 2018).

No fue sino hasta que el clamor ciudadano se volvió ensordecedor, y en particular gracias a la fuerza de grupos empresariales creativos y con una real responsabilidad ciudadana como la Coparmex, que se tuvo un debate serio sobre cómo subir el salario mínimo. Y se rompió el tabú.

Se discutió. Se debatió. Se idearon medidas creativas de política pública para lograr subirlo sin que esto supusiera un contagio a otros precios. Se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el Monto Independiente de Recuperación (MIR). Y por fin, en 2017, el salario mínimo aumentó dos veces, su aumento real más grande de los últimos 17 años, sin que se generaran efectos económicos negativos.

Es decir, cabe la posibilidad de que sí se podía subir el salario mínimo desde hace mucho tiempo. Y de que, tristemente, se haya decidido “democráticamente”, por una institución técnica, que era imposible hacerlo.

Hoy, todavía, el salario mínimo general sólo cubre el 90% de la canasta alimentaria y no alimentaria del Coneval. Urge que sea 2018 el año en que se llegue al 100%.

Esto es urgente porque detrás de esta democracia polarizada y rota hay mucho más que enojo. Hay un rechazo sincero y entendible a instituciones que no han respondido a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables.

Esta falta de respuesta democrática, que ha parecido inconsecuente por veinte años, hoy nos cobra la factura. Nos la cobra con una demanda agregada que no crece lo suficiente, con una clase media que ha perdido poder adquisitivo desde 2009, y con un ímpetu por votar por quien sea que represente un cambio radical.

No nos confundamos, en México estamos posiblemente llamando “populismo” a medidas que pudieran ser una reaccion al reclamo de, simplemente, reclaman derechos fundamentales. En la medida en la que entendamos esto, podremos crear un país más justo.

Doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard

Twitter: @Viri_Rios