Alerta: ¡Proveedores y contratistas de gobierno, lean esto!

¿Qué tal si en vez de analizar el dinero que está “perdido”, analizamos el dinero que las entidades de­ben a sus proveedores y su capacidad real de pago?

Excelente ejercicio que ahora es posible realizar debido a la información recientemente compilada y hecha disponible por la SHCP. ¡Enhorabuena por este ejercicio que, sin duda, era necesario!

En total, los gobiernos de los estados deben a pro­veedores y contratistas un total de 83 mil millones de pesos, lo que equivale a más de uno de cada 10 pesos del total de sus ingresos de libre disposición (lo que realmente pueden gastar una vez cubiertas distintas obligaciones). Esto es, de entrada, ya bastante pro­blemático, sobre todo porque la infor­mación pudiera ser sujeta de errores, dado que proviene de la información y documentación proporcionada por los mismos estados y de la información contable en los formatos de Ley y en el Registro Público Único.

Ahora bien, lo que es escandaloso es cuando comenzamos a ver casos como Oaxaca, estado que le debe a sus pro­veedores y contratistas lo equivalente al 46.6% del total de sus ingresos disponibles. Otros estados, con también problemas graves son San Luis Potosí (deu­da de contratistas que equivale al 32.7% de lo que tiene), Michoacán (21.6%), Hidalgo (20.9%) y Morelos (19.5%). Por poner un ejemplo extremo: ¡Oaxaca le debe a proveedores y contratistas 7.6 mil millones de pesos, de los 16 millones que tiene para gastar!

Otros estados tienen finanzas públicas mucho más sanas, al respecto vale la pena rescatar la labor del señor Francisco Domínguez Servién, Miguel Án­gel Yunes Linares y Martín Orozco Sandoval (men­ciono a estos porque los datos son de 2016), estados cuya deuda a proveedores y contratistas es menor. Como porcentaje de sus ingresos disponibles, Que­rétaro, Veracruz y Aguascalientes sólo deben el 0.5%, 1.5% y 1.9%, respectivamente. Es decir, Veracruz será corrupto, pero sí paga (la semana pasada les comen­té que tiene más de 10 mil millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación, tiene que “aclarar”).

Esto es un escándalo que no sólo afecta a los con­tratistas y proveedores de gobierno, sino también a la población en general. Es escandaloso que se permita tener entidades federativas que viven de aportacio­nes y participaciones federales sin tener responsa­bilidad o completa transparencia sobre el uso de los recursos públicos.

Al respecto, es indispensable continuar dándole seguimiento a los datos que acertadamente nos da la SHCP. Ellos ya han creado un sistema de alertas tem­pranas que, con respecto a los ingresos de las obliga­ciones a corto plazo a proveedores y contratistas, nos ha proveído la SHCP.

Basta de darle seguimiento a las estadísticas de deuda pública. Es imperante darnos cuenta de que lo que realmente importa no es el tamaño de la deuda, sino qué tan sostenible es ésta. Enhorabuena por lo que la SHCP nos ha dado esta vez: una herramienta de seguimiento que nos permite calificar el compor­tamiento de las autoridades estatales.

Vivíamos en un mundo en el que reducir la deu­da era la meta. Claramente, eso no debe serlo. Hay deuda buena. Hay deuda que nos ayuda a crear un país con mejor infraestructura y mejor acceso. Cla­ramente, lo que hoy en día están haciendo estados como San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Morelos no lo es. Por el contrario, estados como Querétaro, Veracruz y Aguascalientes parecen ir en un mejor camino (no me atrevo a hablar tan bien de Veracruz porque sabemos que hay fuertes malversaciones, pero al menos, parece que, con sus datos, paga a sus contratistas).

Quedémonos con esta idea: necesitamos estados que invierten en mejorarse y eso se hace con deuda. Con deuda sostenible. Queda a la ciudadanía obser­var esto y saber en qué momento alzar la voz.