Seguridad para mejorar economía: 5 prioridades

En el Foro Anual de Seguridad, 2016, el tema fue claro: el homicidio en México ha aumentado 11% en el último año. El dato es preocupante porque rompe una tendencia a la disminución en homicidios que llevábamos desde 2011, y porque de acuerdo con estudios académicos recientes, por cada incremento de 22.5% en las tasas de homicidio, un sector económico completo decide dejar de producir y migrar a zonas menos violentas (Ríos 2015).

Porque no podemos darnos el lujo de que las empresas mueran presas del crimen, tres asuntos deben ser prioritarios en materia de justicia en 2016.

Primero, en 2016 debemos ver la implementación del Mando Único policial, sin que lo impidan sus detractores. La reformar el Mando Único enfrenta resistencia por parte aquellos que preferirían mantener control sobre los recursos locales y ejercer el uso discrecional de la fuerza. Un ejemplo es el presidente municipal de Tlaquiltenango, Morelos, que este año interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para evitar que en su municipio se continúe con la implementación del Mando Único.

Sin embargo, y a pesar de sus detractores, del Mando Único no puede dejar de implementarse. El Mando Único permitirá controlar la calidad de las corporaciones policiacas con mayor eficiencia, al reducir su número de cerca de mil 800 a sólo 32. La reforma, además, generará policías más homogéneas y sujetas a procesos de rendición de cuenta más claros.

Segundo, en 2016 debemos mantener bien abiertos los ojos para que, el 18 de junio, cuando se cumpla la fecha límite para la implementación de la reforma de justicia, no nos vendan gato por liebre. Cuando la reforma se aprobó, en 2008, se acordó que para dicha fecha todos los estados y la Federación deberían estar listos para realizar juicios orales y para implementar mecanismos alternativos de justicia. Ello requiere una inversión importante para, entre otros asuntos, capacitar abogados, hasta crear espacios para realizar los juicios orales. Sin embargo, algunos estados, como el DF, Baja California Sur, Michoacán y Sonora, apenas comenzaron a implementarla en 2015.

Al paso que vamos, lo que terminará sucediendo es que, en junio, la Federación podrá presumir que la reforma de justicia ha sido implementada en todos los estados, sin que ello suponga que está funcionando en todos los estados. La aplicación será laxa y discrecional y, probablemente, no esté sujeta a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Se aplicará, por ejemplo, en algunos municipios, pero no en todos, o se aplicará sólo en ciertos juzgados y no en todos. Debemos impedir que se nos venda como “implementada” una reforma que no está realmente implementada del todo.

Tercero, en 2016 debemos entender que el factor más importante para lograr un sistema de justicia funcional es recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es la falta de confianza la que hace que más de 80% de los delitos cometidos en este país no se reporten. Es la falta de confianza la semilla de la impunidad.

De la misma forma en la que se creó una política para prevenir el crimen, debemos considerar crear una política específica, con recursos, para recobrar esta confianza, y para analizar cuál sería la mejor forma para lograrlo. Más gasto en comunicación social no puede ser la respuesta.

Así, las tres prioridades aquí descritas son fundamentales, no sólo para reducir la inseguridad, sino para detonar la economía. De acuerdo con las encuestas oficiales de Banxico, la inseguridad es la segunda causa más importante por la cual nuestra economía no crece, sólo superada por la debilidad de la economía global. Dado que la debilidad del mercado externo está fuera de nuestro control, lo único que verdaderamente podemos hacer para mejorar la economía de nuestro país es reducir la impunidad, controlar la delincuencia y establecer un pleno estado de derecho.