El cascabel y el gato

                Tres.

Hay cosas que tienen que decirse con firmeza, aun a riesgo de parecer repetitivos: los partidos políticos tienen que asumir responsabilidad por los candidatos que proponen. Y no lo están haciendo.

No podemos seguir teniendo criminales en el poder. No podemos aceptar, como sociedad, que se sigan postulando candidatos por las razones equivocadas: el dinero o la popularidad no son, como ha quedado de sobra demostrado, garantía de buen gobierno.

En las últimas semanas hemos visto cómo se desgranan las designaciones a los puestos de elección popular, de todos los partidos. Y nos estamos perdiendo más en los chismes sobre quiénes quedan adentro y quiénes no, sobre los mensajes ocultos al integrar las listas de plurinominales, sobre las afrentas que se generan y se cobran con cada designación en las altas esferas, cuando en realidad es poco lo que se conoce sobre el grueso de los candidatos. No sabemos si tienen antecedentes penales, si existe alguna averiguación en su contra, si han sido acusados de corrupción en sus funciones anteriores, si son eficientes y capaces. Y a esos desconocidos, en un entorno en el que sabemos que muchas de las candidaturas se resuelven con dinero en la mano, estamos a punto de otorgarles impunidad y oportunidades ilimitadas de robar durante al menos tres años.

Hoy, el tema en boca de todos es el combate a la corrupción, y políticos de todos los colores se adornan con iniciativas y discursos grandilocuentes. Se habla de las propiedades y amigos del Presidente; de los escandalosos inmuebles en el extranjero de quien gobernó uno de los estados más pobres del país; de que también existió una constructora favorecida en el sexenio pasado; del desaseo alrededor de una línea del Metro cuya próxima parada podría estar, para más de alguno, en Almoloya. Todos declaran, todos opinan, todos condenan. Pero, hasta el momento, nadie se ha atrevido a transparentar sus procesos internos, a responder al menos de la decencia de sus candidatos. Ningún partido nos ha dado ni siquiera indicios de que esté trabajando para que situaciones como la de José Luis Abarca, Julio César Godoy o Ricardo Gallardo, no se vuelvan a repetir.

En esta semana darán comienzo las deliberaciones sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de Diputados. Es necesario, es urgente, pero ¿realmente podemos creer en las acciones que contra la corrupción defina un cuerpo cuyo principal problema es, precisamente, ése? ¿Cómo podemos confiar en la imparcialidad de quien, en estos momentos, está tratando de conseguir una nueva posición en el sistema, al tiempo en que trata de protegerse designando a su sucesor?

El Sistema Nacional Anticorrupción podría nacer muerto si no se resuelve el problema no de quién pondrá el cascabel al gato, sino de cómo asegurarnos de que no es el gato quien se coloca el cascabel para poderlo sonar a su antojo. Un sistema corrupto no puede corregirse a sí mismo sin antes romper el círculo vicioso de las designaciones de las candidaturas: el tramposo siempre estará interesado en que su sucesor lo sea, al menos, tanto como él, para poder asegurar su tranquilidad y su negocio. Por eso se negocia en lo oscurito, por eso se premia el ser institucional, por eso se designa al que trae los recursos suficientes en la cartera como para poder ganar, sin importar el origen de los mismos o la ideología del individuo. Porque lo único que les importa, para nombrar candidatos, es poder perpetuar los negocios desde la impunidad.

Por eso es importante que los partidos transparenten sus procesos internos y garanticen que no hay nada turbio detrás de sus candidatos. Vaya, esperaríamos que al menos supieran quiénes son los rostros a quienes prestan sus colores: es absurdo aceptar que los partidos no se hagan responsables.

Necesitamos un compromiso por escrito, la garantía de cada uno de los presidentes de partido de que ninguno de sus candidatos tiene asuntos pendientes con la justicia o conflicto de interés en el cargo al que aspira. Una declaración clara y tajante, que no deje lugar a dudas y en la que se asuma la responsabilidad plena de las decisiones tomadas a sabiendas. Porque no podemos, no debemos volver a creerles que no saben sobre los antecedentes y fechorías de quienes cuentan con su aprobación para ejercer una función de gobierno.

Esa sería la primera señal, la primera carta de intención de unos partidos en los que nadie cree hacia una ciudadanía que no se siente representada por ellos. La muestra de que la lucha contra la corrupción va en serio, y no se convertirá en una serie de trámites infranqueables que serán, en el mejor de los casos, letra muerta de inmediato y, en el peor, materia de nuevos conflictos y negociaciones políticas. Ésa sería la manera de comenzar a creerles de nuevo.