Definiendo candidatos

Feliz cumpleaños, Isabella.

En los tiempos que corren, en los que vemos un día sí y otro también cómo comienzan a aflorar los nombramientos de quienes contenderán en las elecciones de junio por los distintos partidos políticos, podemos imaginar el movimiento al interior de cada instituto. Las encuestas, las negociaciones, el reparto de las posiciones disponibles.

Así, vemos desde el oportunismo de quienes postulan figuras meramente populares, pero sin experiencia de gobierno, hasta los nombres que todo el mundo está esperando. La lista incluye a los que pueden traer votos, a los que necesitan urgentemente fuero, a los que pondrán los recursos a la mesa. Rara vez a quienes pueden gobernar mejor.

Ejemplos sobran. No sólo con los futbolistas que pretenden entrar en política —si desde hace años hemos tenido incluso a las queridas de los presidentes en posiciones de alto impacto—, sino con los empresarios que han ocupado puestos de gobierno y los delincuentes que utilizan la política para expandir su negocio. Gente inepta, incapaz, deshonesta, que pasa por su función sin pena ni gloria: las imágenes de las sesiones del Congreso semivacías, donde vemos gente atildada que toma la siesta, son una constante que a nadie sorprende. ¿Para qué están ahí?

¿Para qué están ahí, para qué fueron electos? Evidentemente no por su capacidad deliberativa, o su conocimiento, compromiso o amor a la patria. Cada diputado, cada presidente municipal, cada cargo público que es postulado por un partido está ahí por una razón concreta. De alguna manera siguió los procedimientos formales o informales al interior de cada partido, se entrevistó con los dirigentes y los convenció de su idoneidad para el cargo. En un escenario ideal, los criterios para definir candidatos serían la congruencia ideológica y la capacidad de gobierno: en la realidad que vivimos, la pobreza de resultados a lo largo de las legislaturas parece ser inversamente proporcional al incremento de las fortunas de nuestros legisladores. Ésa es la razón de su cargo, el motivo por el cual las dirigencias apuestan por quienes saben de antemano que tendrán una gestión deficiente. En los últimos años hemos vivido episodios verdaderamente delirantes, que nos hacen dudar no sólo de la moralidad de sus protagonistas, sino de su capacidad intelectual. ¿Cómo creer los ‘es que yo no sabía’, los ‘se investigará hasta las últimas consecuencias, los ‘este partido se deslinda’, los ‘complots de la mafia en el poder’? Es imposible creer en que nadie sabía de los antecedentes de los candidatos, de sus verdaderas intenciones, de los grupos criminales en pugna en cada región y quién sirve a sus intereses. Más bien parecería que, en el momento de tomar la decisión sobre el elegido, los riesgos se diluyen ante la perspectiva de lo que podrían obtener a cambio. Y la posibilidad es escalofriante.

Hace algunos años los diputados del PRD hicieron una desaseada maniobra para conseguir impunidad a quien era perseguido por la justicia. Lo introdujeron a la Cámara con engaños, lo ocultaron en una oficina durante 48 horas, lo hicieron tomar protesta y posteriormente le aplaudieron. El diputado en cuestión resultó ser un delincuente que unos meses después salió huyendo y hasta la fecha se desconoce su paradero. La pregunta es obligada: de no haberse obstaculizado la impartición de la justicia, es probable que la historia en Michoacán hubiera tomado un rumbo distinto, que se evitaran muchas muertes. ¿Por qué defenderlo, por qué empeñarse en obtener el fuero para un criminal?

¿Qué pasó por la mente de los dirigentes del PRD en las 48 horas que ocultaron a un narcotraficante? ¿Hicieron un balance de los riesgos y beneficios de lo que estaban haciendo, optando por estos últimos a pesar de los primeros?

El episodio de Godoy es historia, pero debería de servir, junto con el caso de Abarca en Iguala, para ilustrar lo que no puede ser mera estulticia al momento de designar candidatos a puestos públicos. Quien postula pretende obtener, evidentemente, un beneficio a cambio. Si el beneficio no se refleja en lo que debería de ser el objetivo de un partido político, esto es, el bien común a partir de una visión peculiar y compartida de los problemas que aquejan al país, es claro que el valor de postularlos está en otro lado. Si no son tontos.

Estamos, como decíamos en un principio, en los momentos de definición de candidatos a los puestos de elección popular que se contenderán en unos cuantos meses. Los partidos exigen transparencia y acabar con la corrupción, pero quienes toman las decisiones son los mismos de siempre, con los mismos intereses de siempre, dispuestos a hacer, como siempre, lo que sea necesario con tal de cumplir con sus fines. ¿Cuántos de los postulados están ahí sólo por obtener poder y fuero? ¿Cuántos por hacer negocio? ¿Cuántos están coludidos con el crimen organizado? ¿Cuántos Abarcas y Godoys se esconden en las boletas que se están preparando?

Es preciso, es importante, es urgente, que los partidos políticos se responsabilicen por sus candidatos, así como por los actos de sus agremiados en funciones públicas. Es necesario que nos garanticen que la pesadilla que hemos vivido no se vuelva a repetir. La transparencia no es sólo labor del Presidente de la República.