Los queremos ahora

La secreta esperanza es que todavía estén vivos. Que aparezcan, un día cualquiera, y expliquen las circunstancias en las que simplemente se esfumaron. Que relaten los hechos, que nos aclaren de una buena vez los nexos entre autoridades y criminales, que nos digan cómo es que sus captores pretendían deshacerse de tantos cuerpos sin que nadie se diera cuenta.

Y es que 43 son muchísimas personas. 43 historias, 43 familias preocupadas y dispuestas a cualquier cosa con tal de terminar con la tragedia que, conforme pasan los días, crece y abofetea las buenas consciencias de quienes creíamos que México estaba preparado para, ahora sí, competir en igualdad de circunstancias con otras naciones del mundo.

La realidad, sin embargo, es mucho más dura. Mucho, mucho más. Porque cuando por fin nos decidimos a buscarlos, ante la presión internacional, lo que encontramos fue, al menos, perturbador. El hecho de que comiencen a aparecer fosas comunes, repletas de cadáveres que no son los que buscábamos en un principio, nos ayuda a poner en perspectiva el problema real. Porque comenzamos a cavar buscando a 43, pero es muy probable que nos estemos encontrando apenas con la punta del iceberg. Un iceberg de más de 20 mil personas que, hasta el momento y, de acuerdo con las cifras gubernamentales, se encuentran oficialmente desaparecidas.

El problema es gravísimo. El problema es que, en el México de hoy, es posible que desaparezcan miles de personas sin dejar rastro. El problema es que, en muchos de los casos, los mismos familiares tienen una idea bastante aproximada de lo que pasó con los desaparecidos, pero no lo denuncian por temor a las represalias, mismas que pueden venir de los grupos criminales o de las propias autoridades, sin distinción. El problema real es que en nuestro país el Estado de derecho no es sino una expresión vacía, que ni siquiera el deseo real y sincero de nuestros gobernantes.

Lo que sucede en Guerrero no es una sorpresa, sino la mera consecuencia de años, décadas, de una convivencia perversa entre el crimen organizado y las autoridades. Pero el caso de Iguala difícilmente será el único: ¿es descabellado suponer que haya más gobernantes involucrados? El desparpajo con el que pretendió consumarse la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa lo dice todo, y nos hace inferir que no era la primera vez en que una atrocidad así era cometida: es evidente que quien quiera que sea el responsable confiaba en salirse con la suya. ¿Cuántas veces antes? ¿Cuántas personas han desaparecido en Iguala, y en otros municipios, en las mismas circunstancias?

La perspectiva es terrible. No sólo por la cifra reconocida por el gobierno federal, que de suyo es atroz, sino porque nuestra proximidad geográfica con Estados Unidos nos convierte en el punto de tránsito obligado para los migrantes centroamericanos, sobre quienes está más que documentado el abuso que sufren por parte de delincuentes y autoridades mexicanas. Es de preverse, sin duda, que la cifra de desaparecidos sea mucho mayor: la catástrofe humanitaria puede ser de proporciones nunca vistas. Así las cosas, ¿qué hacer con Guerrero? La respuesta va mucho más allá del cambio de gobernador, o la desaparición de poderes. ¿Cómo revertir el proceso de descomposición social que, sin duda, afecta al Estado? ¿Cómo evitar que tragedias como la de Iguala vuelvan a presentarse?

Tenemos, primero que nada, que ampliar el enfoque. No se trata de buscar, y encontrar, tan sólo a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Se trata de buscar y encontrar a los más de 20 mil desaparecidos que son el legado de la corrupción y las malas prácticas que se han venido perpetuando a lo largo del territorio nacional. ¿O acaso alguien duda de que, escarbando un poco, comiencen a surgir más fosas comunes y más restos óseos en otros estados? La pregunta se convierte en un reclamo que no debería dejar dormir tranquilos a nuestros gobernantes. ¿En dónde están nuestros desaparecidos?

Necesitamos reconciliarnos con la historia. Necesitamos saber qué fue lo que pasó, y sentar las bases para que esto no vuelva a suceder. Necesitamos, hoy más que nunca, una comisión de la verdad que, al estilo de las instauradas en otros lugares del mundo, investigue lo ocurrido y finque las responsabilidades correspondientes. Saber la verdad no es tan sólo una exigencia, sino una necesidad imperiosa. Castigar, en consecuencia, a los responsables de truncar más de 20 mil vidas, no es tan sólo una necesidad imperiosa, sino la obligación misma, clara e irrenunciable, de cualquier Estado. Y esas obligaciones tienen que comenzar a cumplirse ahora mismo.