¿Nadie sabía del alcalde de Iguala?

Hoy en día parece, más que nunca, que es imposible mantener una privacidad absoluta sobre la información personal disponible en internet. Las revelaciones de Snowden, acerca del espionaje que algunas agencias de seguridad realizan sobre el grueso de la población, no son sino la punta de un iceberg que representa la vulnerabilidad de nuestros datos.

Los ejemplos abundan. Desde el periodista que sufre la invasión de su vida personal hasta las artistas que ven expuestos sus momentos más íntimos a la luz pública. Espionaje, fotografías, grabaciones que llenan las primeras planas con declaraciones inconfesables.

Y no sólo eso. El ciudadano común y corriente también está expuesto a cada momento. Basta con abrir las preferencias de las aplicaciones en un teléfono cualquiera, en este caso un Android, y leer con atención los permisos que otorgamos, sin darnos cuenta, en los contratos de adhesión que se aceptan al momento de su instalación, para sentir un escalofrío en la espalda.

La aplicación de Facebook, por ejemplo. ¿La tiene instalada? Si es así, debería saber que en cualquier momento tanto su cámara, como su micrófono, pueden ser utilizados sin que usted se entere. También su calendario puede verse modificado, puesto que la aplicación puede añadir, remover, o cambiar, los eventos en su teléfono, incluyendo aquellos generados por sus amigos, e incluso puede mandar mensajes que podrían parecer mandados por usted, sin su consentimiento.

Twitter, por su parte, tampoco es tan inocente. En el caso de que esté instalada en su teléfono, es capaz de ver su número personal y el de las personas con las que habla, así como de monitorear e incluso borrar los mensajes directos que reciba, todo sin avisarle tampoco. También puede crear cuentas nuevas en otros servicios y crear y administrar sus propias contraseñas.

WhatsApp puede hacer lo mismo que las anteriores, mientras que sabe con precisión en dónde se encuentra. Esto quiere decir que conoce no sólo su ubicación, sino los contenidos de sus conversaciones y puede encender micrófono y cámara y grabar sin su consentimiento, ni el de sus interlocutores. Si usted lo usa actualmente, quiere decir que lo ha aceptado, muy probablemente sin darse cuenta.

La lista continúa. YouTube, Waze, Telegram, Skype. Todas hacen uso de nuestra información personal, saben en dónde estamos, pueden vernos y escucharnos. Todo el tiempo, sin tener que avisarnos siquiera. Incluso aplicaciones nacionales, y en apariencia inocentes, como Yaxi, tienen términos y condiciones que nos hacen preguntarnos por qué una empresa que se dedica a facilitar el servicio de un taxi querría saber la frecuencia con la que llamamos a ciertos números o enviamos correos electrónicos a ciertas personas. Porque todo eso es lo que les autorizamos al instalarla, así como también la facultad de administrar nuestros mensajes de texto. ¿Por qué podría estar interesada esta empresa en borrar mensajes antes de que nos enteremos de haberlos recibido?

Es natural asumir, hasta cierto punto, que las autoridades tengan un interés legítimo, que no legal, en conocer las actividades de algunos miembros de la sociedad. Es natural asumir, incluso, que la información recabada por empresas privadas tenga que ser compartida, por medios de suyo discutibles, con los encargados de velar por la seguridad nacional. Sin embargo, el argumento tan manido de que los tiempos que corren requieren de información más detallada —e inteligencia más eficiente— como justificación a estos abusos, pierde sentido por completo cuando salen a la luz los posibles nexos de funcionarios públicos con el crimen organizado, como en el caso del prófugo de Iguala, José Luis Abarca.

¿En verdad no se sabía nada sobre sus presuntos vínculos con grupos delincuenciales? Con la cantidad de información disponible en estos tiempos, y que es usada por particulares incluso con autorización de los mismos usuarios, ¿nadie sabía de sus actividades ilícitas? En el caso de que sea cierta la información vertida al respecto, ¿es posible que sea una sorpresa para quienes se encargan de utilizarla en pos de la seguridad nacional?

Suena ilógico, por decir lo menos. En nuestro país existen alrededor de 2,500 municipios y, con el aparato de inteligencia con el que contamos, lo natural sería que se tuviera la información detallada de cada uno de los alcaldes, para evitar sorpresas desagradables como las que tenemos en estos momentos. La autoridad debe ejercer la fuerza pública en contra de todos los ciudadanos que cometan ilícitos, cualquiera que sea la potestad que ejerzan, y evitar cuanto antes que sigan causando daño a la sociedad. Antes de que su utilización parezca demasiado conveniente. Antes de que ocurran escándalos que los hagan incómodos. Antes de que se generen suspicacias sobre la utilización política de la justicia.