La UNAM decidió que su examen de admisión entrara de lleno en la era digital. El experimento prometía inclusión, ahorro de papel, vigilancia tecnológica y una comodidad casi revolucionaria. Ya no habría que atravesar la ciudad, levantarse de madrugada, buscar un salón con los nervios de punta ni comprobar tres veces que el lápiz fuera del número indicado. Bastaban una computadora, una cámara y mucha fe en un software que costó más de 100 millones de pesos.
Antes de la aplicación, la UNAM explicó que el sistema tenía reconocimiento facial, monitoreo permanente, grabación del entorno, bloque de aplicaciones, supervisión humana y algoritmos capaces de detectar conductas anómalas. Los aspirantes estarían más vigilados que astronautas en órbita y, con tantos filtros, conseguir un lugar iba a ser más difícil que un diputado de oposición buscando entrar a Palacio Nacional sin invitación. Sin embargo, bastaron unos videos virales y varias publicaciones en redes sociales para evidenciar los puntos ciegos del proceso.
Después de publicarse los resultados, aparecieron calificaciones extraordinarias y una cantidad inusual de aspirantes rozando la perfección. La excelencia entonces dejó de provocar orgullo y comenzó a levantar sospechas. Lo que debía acreditar conocimientos terminó por poner bajo escrutinio tanto a quienes hicieron trampa como a quienes obtuvieron legítimamente una puntuación sobresaliente.
El problema no fue digitalizar el examen, sino que hubo demasiada confianza en la plataforma y muy poca imaginación para anticipar a quienes buscarían burlarla. Cualquier sistema diseñado en México debe asumir que siempre habrá alguien dispuesto a doctorarse en trampas antes de ingresar a la licenciatura.
La tecnología aplicada tiene mucho margen de mejora, pero detrás de cada fraude hubo una decisión humana. Hubo personas dispuestas a sostener un engaño para obtener el lugar que otros buscaron con meses de estudio. La tecnología puede facilitar una trampa, pero no fabrica tramposos. La innovación tampoco elimina los vicios; si acaso, ofrece una mejor conexión a internet.
La institución suspendió provisionalmente las inscripciones y creó un comité de especialistas para revisar el procedimiento. Una solución muy universitaria. Cuando algo se complica, se integra un grupo de expertos con la delicada misión de explicar cómo una plataforma contratada para impedir irregularidades provocó una crisis reputacional. Ese comité propuso este viernes que la UNAM realizara un examen de control presencial para las y los aspirantes que tuvieron puntuaciones superiores al promedio de años pasados.
La credibilidad institucional no se conserva por decreto, autonomía o con goyas. Se pierde cuando presume un sistema infalible, descubre que no lo era y después pide paciencia a miles de familias que se organizaron alrededor de un resultado. Cualquier organización debe anticipar riesgos, reconocer vulnerabilidades, explicar con claridad que ocurrió, sancionar a los responsables y presentar una solución verificable y definitiva. Una renuncia no es suficiente.
La UNAM tendrá que recuperar el terreno perdido; los estudiantes, su certeza y la tecnología, la oportunidad de no ser condenada por el uso que algunos hicieron de ella. En este escándalo perdieron todos. La UNAM porque quedó cuestionada, perdieron los estudiantes, perdió la tecnología porque cada fraude digital regala argumentos a quienes están en contra de la modernización de los procesos y perdió una comunidad frente a la vieja astucia de quienes confundieron ingresar a la universidad con ganarle a la universidad.