Salvador
Existe una polémica razón, en el sentido matemático de proporción, es decir, una relación entre dos magnitudes, que podría dividir a la humanidad en dos grupos: quienes, junto con el jurista británico William Blackstone opinan que: “Es preferible que un centenar de ...
Existe una polémica razón, en el sentido matemático de proporción, es decir, una relación entre dos magnitudes, que podría dividir a la humanidad en dos grupos: quienes, junto con el jurista británico William Blackstone opinan que: “Es preferible que un centenar de personas culpables escapen a la justicia a que un solo inocente sufra” y quienes creen que: “Es mejor que diez inocentes sufran a que un culpable escape”, frase (dudosamente) atribuida al canciller alemán Otto von Bismarck. Todo parece indicar que las personas pueden cambiar su juicio con respecto a estas razones, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, en 2015, en El Salvador se registraron alrededor de 6 mil 600 homicidios.
Para poner las cosas en perspectiva: estamos hablando de un país que tiene una extensión territorial comparable a la del Estado de Hidalgo, donde la tasa de homicidios dolosos fue de 106 por cada 100 mil habitantes, mientras que, en todo México, la misma proporción fue de 17. Quizá eso explique sus circunstancias actuales. Como es sabido, todo comenzó el 1 de junio de 2019, cuando inició el gobierno de Nayib Bukele.
En junio de 2021 declaró por primera vez que no se reelegiría; fue reelecto el 4 de febrero del 2024, con 85% de los votos. En septiembre de ese mismo año, reiteró que no se postularía a un tercer mandato, dando como aval que la propia Constitución de su país no lo permitiría; el jueves pasado, el Congreso de El Salvador aprobó la reelección presidencial indefinida, eliminó la segunda vuelta electoral y tanto amplió las facultades del ejecutivo como el periodo de gobierno de cinco a seis años.
Lo destacable es que la mayoría del pueblo salvadoreño acepte de buen grado la inestabilidad de los principios de su presidente, tanto es así que el 27 de marzo de 2022 decretó por primera vez el régimen de excepción por sólo 30 días, y hasta ahora lo ha renovado 37 veces. Bajo dicho régimen, han detenido a cerca de 84 mil personas, de las cuales al menos 10% eran inocentes, cifra reconocida por el gobierno mismo.
Esto sucede porque dicho régimen suspende el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones (espionaje), a la defensa inmediata, a la libre asociación y reunión, y permite la detención sin orden judicial previa y sin presentar cargos formales.
En México todos esos derechos están vigentes y, sin embargo, la semana pasada supimos que al menos una persona inocente pasó los últimos 20 años en el penal del Altiplano. ¿Usted podría recordar la mayoría de las cosas que ha hecho estos últimos 20 años? Porque, seguramente, él sí. Y como él, actualmente hay en México cerca de 98 mil detenidos, de 248 mil 361 presos, sin haber sido declarados culpables.
Una consecuencia del actual régimen de El Salvador es que su democracia (y por lo tanto su libertad) ha retrocedido del 71° lugar que ocupaba en 2019 en el Índice de Democracia elaborado por The Intelligence Unit, al 95°, a cambio de pasar de ser uno de los países más violentos del mundo a uno de los más seguros de América Latina. Como se dijo al principio, muchos opinarán que vale la pena asumir que algún inocente sufra y anhelarán a un salvador de mano dura, aunque nos cueste la libertad. Pero ¿y si ese inocente es uno mismo o alguien cercano?
Advertencia
Observa el filósofo y jurista español, Antonio Enrique Pérez Luño: “La experiencia histórica muestra que allí donde se prescinde o sacrifica alguno de los valores, aunque sea en nombre del logro de otros, los derechos humanos terminan por sucumbir”.
