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La reforma al INE, conocida como plan B, recorta 262 plazas de la estructura de sus 32 juntas locales, que son las encargadas de actualizar el padrón electoral a nivel regional, de expedir las identificaciones y de cuidar los derechos asociados al voto. Reduce su capacidad ...

La reforma al INE, conocida como plan B, recorta 262 plazas de la estructura de sus 32 juntas locales, que son las encargadas de actualizar el padrón electoral a nivel regional, de expedir las identificaciones y de cuidar los derechos asociados al voto. Reduce su capacidad operativa al cerrar 300 juntas distritales, que son las encargadas, nada más, de realizar las elecciones, sustituyéndolas por una oficina de una sola persona. Elimina 84% de los servidores, algunos con más de 30 años de experiencia en el Servicio Profesional Electoral Nacional, es decir, unos 1,500 trabajadores, cuyas funciones van desde atender los módulos de registro de ciudadanos y emitir las credenciales para votar, hasta convocar a los funcionarios de casilla e instalar las mismas. A nivel central, la reforma exige la remoción anticipada del secretario ejecutivo del INE, el responsable operativo del instituto. También reduce la capacidad del instituto de sancionar a los funcionarios públicos que manifiesten su apoyo o adhesión a algún candidato y lo incapacita para imponer como castigo la cancelación de la candidatura a quien viole las leyes electorales. Entre los cambios contenidos en la reforma hay uno muy simbólico: las oficinas de los módulos del INE para emisión de la credencial de elector ahora tendrían que ubicarse dentro de oficinas del gobierno, con las implicaciones que esto tuviera en cuanto a poder garantizar la privacidad en el tratamiento de los datos personales. En lo que respecta a los partidos políticos, les quita la obligación de devolver a la Tesorería de la Federación los recursos que no lleguen a utilizar en un año, ahora se los podrían quedar. Sólo para dimensionarlo: este año únicamente hay dos elecciones y recibirán 5,936 millones de pesos del erario. Cuantas más elecciones hay, más dinero reciben, y el próximo año se celebrará una elección presidencial, 9 de gobernadores y se elegirán 31 congresos locales. Los expertos advierten que los riesgos son que se podrían dejar de instalar casillas, por falta de capacidad operativa; que no se garantizaría el correcto conteo de votos, por fallas en la capacitación, y que se podrían presentar incumplimientos en los protocolos de custodia, traslado y preservación de paquetes electorales.

INEQUIDAD INEXPLICABLE

El filósofo John Rawls introdujo el experimento mental conocido como “Velo de ignorancia” para crear una sociedad justa. En pocas palabras, propone que toda persona implicada en la toma de decisiones sociales o políticas actúe como si no supiera el rol que le tocará vivir después en la sociedad futura, es decir, legislar como si le estuviera velado cuál será su género, cultura, clase social, capacidad intelectual, etcétera. Lo que aclara este escenario es que, si no sabemos si ganaremos o perderemos, preferimos tener un regulador imparcial, fuerte y capaz. Quien no, será porque pretende sacar alguna ventaja de la debilidad del árbitro. El Instituto Federal Electoral, primero, ahora Instituto Nacional Electoral, ya demostró poder conducir tres alternancias. ¿Por qué “arreglar” lo que no estaba descompuesto? ¿Qué no estamos viendo?

INESPERADO O INEVITABLE

Para las elecciones del próximo año se pueden necesitar unas 160 mil casillas. Hay quien piensa que la reforma podría ocasionar que no se llegaran a instalar hasta 5 mil. Durante las elecciones de 2006, las que nuestro Presidente sigue tildando abiertamente de fraudulentas, se requerían 130 mil casillas y sólo se dejaron de instalar 11.

INELUDIBLE

Deliberadamente, el ornitorrinco bucea con los ojos cerrados para cazar a sus presas.

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