Caballo de Troya

La reforma judicial es una de las 20 reformas (18 constitucionales y 2 legales) planteadas por el Presidente el 5 de febrero del presente año. Para facilitar el análisis, podemos agrupar en cuatro puntos los cambios que propone: 1) Reducir, de 11 a nueve, el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de 15 a 12 años su periodo de encargo, quitándoles la pensión vitalicia y limitando sus percepciones hasta el máximo equivalente al establecido para la Presidenta; 2) Sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos órganos, el Tribunal de Disciplina Judicial, facultado para investigar a miembros del Poder Judicial, y el Órgano de Administración Judicial, responsable de la carrera judicial y del control interno, entre otras cosas; 3) Cambiar el esquema de designación de ministros, magistrados y jueces para que sean elegidos mediante voto popular. En el caso de los ministros, de entre 30 candidatos propuestos por el Ejecutivo (10 perfiles), el Legislativo (cinco perfiles por cada cámara, la de Senadores y Diputados) y el Judicial (10 perfiles) y, para la elección de los 1,686 magistrados y jueces federales existentes se aplicaría la misma regla proporcional de designación de perfiles, lo que significa que éstos se elegirían de entre 10,152 candidatos propuestos, mismos que tendrían 60 días hábiles para hacer campaña (sin presupuesto), antes de ser votados en elecciones organizadas por el INE para junio de 2025; y 4) Cambiar algunas reglas procesales, como introducir plazos máximos en asuntos penales y fiscales, y la muy importante limitación a los amparos contra leyes, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad para que las suspensiones no puedan generalizarse. Pues bien, ayer se dio a conocer el resultado de las encuestas sobre la reforma judicial. En total se encuestó a 3,855 personas, de las cuales más de la mitad (al menos 1,978 personas) no conocían los cuatro puntos arriba mencionados, porque, según sus propias respuestas, ni siquiera estaban enterados de la propuesta de reforma al Poder Judicial; sin embargo, al mismo tiempo, 3,098 personas (80%) respondieron que sí se debe reformar y 2,807 personas (73%), que los ministros de la SCJN deben ser elegidos por el pueblo y no por el Senado. Lo que preocupa a algunos es que, precisamente, al conocer el contenido, pareciera que los puntos 1 y 2 hacen de Caballo de Troya para introducir el 3 y 4, cuyas implicaciones, según han denunciado los expertos, son más políticas que técnicas. Por ejemplo, en cuanto a la elección directa de ministros, se tiene el precedente de Bolivia, el único país que tiene ese sistema vigente desde 2011 y que lo ha ejercido dos veces, la primera vez con  60% de votos nulos y en blanco, lo cual aumentó 66% la segunda, por lo que no consiguieron aumentar la legitimidad de sus ministros, pero sí perdieron calidad técnica, por lo que ahora discuten cómo podrían dar marcha atrás. En cuanto al punto 4, el sector empresarial, pero también juristas y politólogos, opinan que es un cambio peligroso y regresivo, porque perderíamos lo ganado en cuanto a derechos humanos con las reformas constitucionales de 2011, gracias a las cuales las suspensiones, que benefician a la colectividad, como las relacionadas con salud, educación y el medio ambiente, hoy todavía pueden tener efectos generales.

ENCUESTAS

Uno de los métodos para estimar la población de ornitorrincos en Tasmania es el registro de avistamientos, para lo cual el Estado encuesta a personas cada dos kilómetros a lo largo de 277 vías navegables. Sus datos históricos, desde 1901, son públicos.