Tráfico de influencias e impunidad
El impacto de los actos pueden ser peores.
La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no va a leer el libro Ni Venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder. Pero ya comenzó a realizar acciones que están relacionadas con su contenido. Hace tres días anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional para eliminar las pensiones que reciben exdirectivos y personal de confianza de entidades públicas que excedan más de 50% del salario presidencial. Esto se relaciona con el decreto del 25 de agosto de 2022 que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el DOF para otorgar una “pensión vitalicia por justicia social” a los extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y que fue impulsado por Jesús Ramírez para favorecer a sus amigos, los líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas, según señalamientos de don Julio Scherer Ibarra.
El decreto otorgó una compensación mensual vitalicia a extrabajadores con al menos 19 años y seis meses de antigüedad que no hubieran accedido a una pensión de LyFC, pero fue modificado mediante una fe de erratas el 29 de agosto, para incluir a personas ya liquidadas. El monto del pasivo generado por este esquema, calculado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) hasta 2086, ascenderá a 27 mil millones de pesos. El padrón de beneficiarios hasta 2023, fue de 7 mil 133 personas, con un monto ejercido de 3 mil 537 millones de pesos. Cada beneficiario recibe 350 mil pesos mensuales.
Esto demuestra la doble moral del expresidente López Obrador, porque en julio de 2023 declaró que los exministros de la SCJN violaban el artículo 127 constitucional porque tenían un salario más alto que el de él (297 mil 403.77 pesos mensuales). Incluso, en ese entonces, la presidenta del partido de Morena le solicitó a la expresidenta de la SCJN, a Norma Piña Hernández, un informe en el que le explicara por qué los ministros violaban ese artículo constitucional, que señalaba “que nadie puede ganar más que el presidente López Obrador”. Cabe precisar que ese mismo día el expresidente presentó un documento titulado “Los 40 excesos del Poder Judicial” para exhibir a los juzgadores. Luego entonces, todo fue una ardid presidencial para hacer una campaña negativa en su contra, mientras que a sus aliados les regaló, a manos llenas, un recurso que es del pueblo.
Pero, este episodio de tráfico de influencias escrito entre las páginas 238-243, no es lo peor que se revela en el libro. Hay otros contenidos que deberían ser investigados de forma inmediata por la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, o por comisiones especiales de diputados y senadores, pero, obvio, no lo van a hacer. Tal es el caso de los apoyos económicos a determinadas campañas políticas por parte de quien fue conocido como El rey del huachicol, el empresario Sergio Carmona, asesinado en 2021.
El impacto de financiamiento ilícito se puede medir de diferentes formas, la más común puede observarse en la mala calidad de las obras públicas, porque los mismos empresarios que financian campañas son beneficiados de los contratos de obras bajo presupuestos que incluirán “la recuperación” de sus inversiones; otra forma de impacto es la captura de determinadas áreas de gobierno, por ejemplo, es muy común que los presidentes municipales que fueron financiados ilícitamente cedan las titularidades de áreas de seguridad u obras públicas.
No obstante, el impacto de los actos denunciados en el libro pueden ser peores, porque revelan un entramado de corrupción y contubernio entre redes criminales, funcionarios de aduanas, empleados de Pemex y políticos que debilitó la democracia y el Estado de derecho durante el sexenio pasado, pero además, influyó para que Morena creciera territorialmente y, en 2024, se hiciera del control de gubernaturas, diputaciones y senadurías que le permitieron convertirse en una fuerza hegemónica en el Congreso de la Unión que le ha permitido imponer reformas que lesionan la democracia, pero, sobre todo, tender un manto de impunidad para que no se investiguen diversos actos de corrupción.