Nueve jueces. Un sordo

Había una nota. Una pequeña hoja de papel que alguien le pasó a Donald Trump mientras se reunía con gobernadores en la Casa Blanca ayer por la mañana. El presidente de Estados Unidos la leyó, dijo en voz alta: “Eso es una vergüenza” y abandonó la sala. Lo que decía esa nota era, en síntesis, que la Constitución de su país todavía existe.

La Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo de seis votos contra tres, determinó hoy que Trump violó la ley federal al imponer aranceles globales de manera unilateral bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional —la IEEPA— de 1977.

La opinión mayoritaria fue redactada por el conservador John Roberts. Lo acompañaron Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch —ambos nombrados por el propio Trump— junto con los tres magistrados progresistas. El argumento fue tan claro que casi dolía en su simpleza: la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. La IEEPA, además, no hace referencia a aranceles ni gravámenes. Punto.

Éste no es un fallo técnico sobre comercio exterior. Es la rama judicial de la democracia más antigua del mundo diciéndole a su presidente: hasta aquí. La separación de Poderes no es una sugerencia de decoración institucional; es la arquitectura que impide que una democracia se convierta en otra cosa.

Y aquí viene la parte que más importa. Trump no acató. No reflexionó. No reconoció que el árbitro había pitado. Horas después del fallo, anunció que firmará una orden para imponer un arancel global de 10% durante 150 días bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

En conferencia de prensa, criticó a los jueces que fallaron en su contra —incluyendo a sus propios nombramientos— y dijo sentirse “absolutamente avergonzado” de ellos. También, sin evidencia, acusó a algunos magistrados de estar influenciados por intereses extranjeros.

Que un presidente descalifique públicamente a su propia Corte Suprema por fallar conforme a derecho es un acontecimiento que merece subrayarse con tinta roja. No porque sea sorprendente viniendo de Trump, sino porque ya no sorprende. Y eso, precisamente eso, es el problema.

La buena noticia es que dos magistrados conservadores, nombrados por Trump, tuvieron el temple de separar su lealtad política de su función jurisdiccional. La separación de Poderes no funciona sola: requiere de personas dispuestas a sostenerla cuando resulta incómodo. La mala noticia es que la administración ya advierte que explorará “alternativas legales” para sostener su política comercial. La señal es inequívoca: si un camino se cierra, se busca otro. Si la ley no alcanza, se estira. Si la Corte dice no, se le pregunta sí a otra autoridad.

Esto no es gobernar. Es una negociación permanente con el Estado de derecho.

Hay algo profundamente revelador en esa nota que le pasaron a Trump esta mañana. En una democracia sana, la noticia de un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos no debería llegar como una hoja de papel en medio de una reunión. Debería existir un presidente dispuesto a escuchar, a deliberar, a respetar. En cambio, lo que hubo fue un hombre que leyó la nota, dijo: “Eso es una vergüenza” y se fue.

La vergüenza, sin embargo, no es del tribunal.