Sinaloa, ¿fracasó la coordinación?

Teóricamente, nuestro sistema es federalista.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 presentada por el secretario Omar García Harfuch en el Senado de la República y publicada en el DOF en mayo de este año, se divide en cuatro ejes: 1) Atención a las causas; 2) Consolidación de la Guardia Nacional; 3) Fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y, 4) Coordinación absoluta en el gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. A pesar de que los dos primeros ejes no dependen de las acciones del secretario, hipotéticamente, con base en las nuevas facultades aprobadas a su titularidad en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el miércoles en el DOF, él podría pedir cuentas a las instituciones de poder público, tanto federales como locales, para lograr implementar su estrategia.

En los hechos, el eje de “Atención a las causas” es una herencia de la estrategia del sexenio pasado y, por lo menos en lo que respecta a los “programas estrella” del expresidente López Obrador, Jóvenes construyendo el futuro y Sembrando vida, nunca se demostró que hayan impactado en la disminución de delitos. Tampoco hubo rendición de cuentas respecto al impacto de los programas sociales en los estados con mayor violencia. Lo que sí quedó claro es la eficiencia de las transferencias directas de los programas sociales universales en los resultados electorales de junio del año pasado.

Respecto al segundo eje, es obvio que la militarización del mando y la integración de la Guardia Nacional con soldados con formación policial fueron decisiones que no tomó la actual presidenta Claudia Sheinbaum, sino también fueron heredadas por el expresidente de la República y avaladas mediante reforma constitucional por la dócil mayoría legislativa oficialista en el último mes de su gobierno. Esta acción, contraria a la lógica de las ideas que distinguen a las izquierdas del mundo, no fortalece la fuerza del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por el contrario, lo hace dependiente de la voluntad de las Fuerzas Armadas.

Sólo los ejes 3 y 4 podría decirse que son la marca de la actual administración, aunque no del todo, porque la coordinación entre diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno es un esfuerzo institucionalizado desde hace algunas décadas. No obstante, para poder implementar su estrategia, el secretario necesitaba tener las herramientas para hacerlo, por un lado, la voluntad de la Presidenta de la República, que una y otra vez ha demostrado su confianza hacia él, y, por otra parte, la voluntad de los titulares de las instituciones que tienen que participar en el cumplimiento de las acciones relacionadas, es decir, titulares del gabinete federal, gobernadores, presidentes municipales, fiscales, jueces y magistrados. De ahí la importancia de la aprobación de las reformas constitucionales del mes de enero, y de las dos leyes reglamentarias en el periodo extraordinario (la del Sistema Nacional y la conocida como Ley espía).

Se entiende que, sin las atribuciones de coordinación que se le otorgaron al titular de la secretaría en estas leyes, ninguno de los ejes podría implementarse. Un ejemplo claro y extremo de esto es el estado de Sinaloa. Sin demeritar las características propias del problema local ¿se hubiera fracasado de igual forma si García Harfuch hubiera tenido las atribuciones legales que hoy tiene? Más aún, ¿funcionarán los decretos constitucionales y legales para legitimar esa concentración de atribuciones y tener buenos resultados? Por si las dudas, parte de la oposición votó a favor la Ley del Sistema Nacional, no vaya a ser que excluyan a sus gobiernos locales del apoyo federal para enfrentar la inseguridad, como lo hicieron en el pasado sexenio.

De hecho, desde 1824 que se promulgó la primera Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, teóricamente, nuestro sistema es federalista (división de poder vertical), sin embargo, influye la forma de gobernar, la fuerza de titular del Poder Ejecutivo federal y la fuerza de la oposición para que en la práctica política la relación federalista sea real. Dada la hegemonía morenista en los gobiernos estatales y municipales ¿Era necesario legalizar la concentración de atribuciones para imponer la coordinación del secretario García Harfuch?

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