La reaparición del expresidente López Obrador no es una casualidad. Hasta podría antojarse tardía frente a la crisis política que enfrenta el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, por los señalamientos de Estados Unidos en contra de diez funcionarios morenistas por presuntos vínculos con grupos criminales. Pero, tal vez, no se había dado el pretexto perfecto para salir del confort de La Chingada. Esto fue posible hasta el sábado pasado, frente a la reaparición de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes estuvieron en el evento panista respaldando a la gobernadora Maru Campos. Los populistas como el expresidente López Obrador necesitan adversarios visibles e identificables para materializar una supuesta diferencia moral. Fox y Calderón cumplen perfectamente ese papel, porque para él y su movimiento de la 4T representan el neoliberalismo, la derecha panista, la guerra contra el narcotráfico y la rendición frente a EU.
La reaparición de ambos expresidentes le permite al expresidente López Obrador reconstruir una narrativa favorable al oficialismo para enfrentar esta difícil coyuntura política: de un lado, Morena, la presidenta Sheinbaum y la defensa de la soberanía; del otro, la derecha entreguista, los expresidentes panistas y los intereses injerencistas de Washington. En ese contexto, cualquier señalamiento contra algún actor relevante de Morena, incluido el expresidente y su círculo más cercano, puede ser presentado como parte de una operación política para debilitar al movimiento de la 4T, es decir, un complot político. Bajo esta lógica, el expresidente López Obrador parece adelantarse a los posibles hechos: algunos medios de comunicación han filtrado que Estados Unidos dará a conocer más nombres de funcionarios morenistas investigados por nexos con grupos criminales, además de los diez que ya conocemos.
Ciertamente, esta estrategia puede ser políticamente eficaz porque cambia el centro del debate; sin embargo, el discurso tiene límites y se puede desgastar rápidamente. En primer lugar, es eficaz porque el oficialismo quiere dejar de discutir si existen responsabilidades, omisiones o vínculos institucionales criminales, y coloca dentro del debate el de la soberanía nacional frente a la intervención extranjera. De hecho, la misma Presidenta ha encabezado ese marco discursivo y lo retomó de forma más radical el domingo pasado —en el contexto del segundo aniversario de su triunfo electoral— y lo convirtió en defensa de su gobierno bajo el lema: “México no es piñata de nadie”. Durante todo el discurso, la Presidenta intentó convertir la crisis en una narrativa de soberanía nacional: “Cooperación sí, subordinación no” y trató de conectar la defensa de México frente a Estados Unidos con la defensa de la Cuarta Transformación frente a la oposición interna. Incluso, en un esfuerzo por convencer a quienes la escuchaban en el monumento a la Revolución, la Presidenta acusó a la ultraderecha estadunidense de querer influir en las elecciones de 2027, para que resulten favorecidos sectores de la derecha mexicana “entreguista”. No es la primera vez que la Presidenta trata de relacionar “el pueblo, la soberanía y la transformación”, pero sí la primera en la que marca la frontera señalando del otro lado a “la derecha, la ultraderecha internacional y los intereses extranjeros”, porque la aparición de los expresidentes del PAN, le sirvieron a ella, a López Obrador y a Morena como adversarios funcionales, ya que los presentan como el regreso del viejo bloque conservador aliado con intereses extranjeros.
En segundo lugar, la estrategia se agotará rápidamente porque el discurso no se sostiene sin acciones. Es cierto que puede haber presiones indebidas de Washington, pero la defensa de la soberanía será creíble sólo si viene acompañada de confianza y legitimidad de quienes gobiernan, es decir, si la cooperación no significa subordinación, tampoco debe significar impunidad.
Ahí está el dilema que no resuelve ni la reaparición del expresidente López Obrador ni el contenido de su carta: defender la soberanía no puede ser sinónimo de hacer la vista gorda sobre actos criminales de actores políticos, por muy populares que estos sean.