La empresa viviendera

La crisis de déficit de vivienda heredada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador no podrá resolverse ni construyendo un millón en este sexenio como se propone la presidenta Claudia Sheinbaum. En 2020, hacían falta 8.2 millones (Encuesta Nacional de vivienda del Inegi y el Infonavit), pero durante los últimos seis años la construcción cayó 48% comparado con los seis años anteriores. La cancelación de subsidios a los trabajadores de bajos ingresos fue una de las razones que más afectó y que, en su momento, fue denunciado por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de vivienda (Canadevi), Alberto Moreno Gómez Monroy.

Quizás, motivado por esos señalamientos sobre el fracaso de la política de vivienda, para curarse en salud, el expresidente López Obrador incluyó, dentro del gran paquete de iniciativas que envió a la cámara de diputados el 5 de febrero, la reforma al artículo 123 de la Constitución, misma que fue aprobada por la nueva legislatura en  octubre, y publicada en el DOF el 2 de diciembre. Los cambios consisten en mandatar a las empresas privadas a proporcionar viviendas adecuadas a sus trabajadores mediante aportaciones a un fondo nacional que será administrado por un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de las personas trabajadoras y de las empleadoras. Con el fondo se otorgarán créditos a los derechohabientes para adquirir o arrendar una vivienda (a un precio que no será mayor a 30% del salario del beneficiario) o suelo para construirla o mejorar la que ya tienen.

Sumergida dentro de la fiebre reformista de la actual mayoría Legislativa, la reforma pasó desapercibida en la narrativa pública, un poco por la indiferencia de los sindicatos y de las cámaras patronales, pero, eso cambió el último día de sesiones ordinarias del Senado de la República, cuando se dictaminó una controvertida iniciativa de reformas a las Leyes del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores (Infonavit) y la Federal del Trabajo, enviada por la Presidenta el 12 de diciembre.

Todo sucedió a la par del escandaloso conflicto político entre los líderes parlamentarios de Morena, el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal, luego entonces, el debate público se concentró en eso y no hubo tiempo, antes de la clausura del primer periodo ordinario del Congreso, para reaccionar frente a la profundidad de los nocivos efectos que podría implicar esta iniciativa presidencial, que, no está por demás decirlo: sigue siendo la voluntad de López Obrador, porque se deriva de la reforma al artículo 123 constitucional.

En ese contexto, como ya es costumbre, a pesar del controvertido contenido, las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos, dictaminaron en sus términos la iniciativa, de inmediato, y casi en lo oscurito, incluso, tal vez, sin leerla y sin tomar en cuenta la opinión de las partes involucradas, es decir, los trabajadores y los empresarios, quienes, habían recibido con beneplácito la declaración de la presidenta Sheinbaum, sobre la construcción de un millón de viviendas durante su sexenio. Sin embargo, ella no dijo cómo lo iba a hacer hasta que presentó la iniciativa.

Con las reformas, la Presidenta pretende crear una “empresota” constructora filial del Infonavit para construir la mitad de las viviendas, sin incluir a las empresas de la industria de la construcción; además, los costos de la construcción serán fondeados con los recursos que aportan los empresarios para los trabajadores, lo cual, a todas luces, representa un gran riesgo para el patrimonio de los derechohabientes, porque si el gobierno fracasa como empresa constructora, los recursos que se perderán son de ellos. Aun cuando la presidenta niega que así será, la reforma incluye un blindaje para lograr sus planes: que el titular de la Dirección General (Octavio Romero) presida el Consejo de Administración y tenga derecho de veto de sus resoluciones o las de la comisión de vigilancia ¿Así, o más claro?, ¿los diputados la aprobarán en sus términos?, ¿reaccionarán los derechohabientes? Ya lo veremos el próximo año, mientras, disfrutemos la Nochebuena.