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Despenalización del aborto

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

En la Ciudad de México se aprobó la despenalización del aborto desde abril del 2007. Las reacciones de sectores conservadores en todo el país, no se hicieron esperar. Legisladores de diversos partidos, a lo ancho y largo de la República, legislaron para endurecer las penas para las mujeres que decidieran la interrupción del embarazo y para los médicos que lo realizaran. De esta forma, hay 17 estados de la República en donde se criminaliza con mayor rigor a las mujeres. De 6 meses hasta cinco años de cárcel para ellas y, de 6 meses hasta diez años para las y los médicos (Baja California, Colima y Estado de México: hasta 10, 7 y 6 años, respectivamente).

La manifestación de jóvenes mujeres que se realizó el 28 de septiembre por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, motivó una polarización de la opinión pública por la confrontación frontal que se produjo con mujeres policías. El aborto es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre.

En nuestro país, siempre ha sido un tema que polariza o como popularmente se dice: “un tema tabú”. En una sociedad altamente discriminatoria y violenta contra las mujeres, el derecho a la autonomía física de las mujeres es uno de los derechos más difíciles de lograr que se garantice. No obstante, se han sumado actores fundamentales para ganar esta batalla. Tal es el caso del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, quién ha expresado que “la restricción al acceso a un aborto seguro y en condiciones dignas, perjudica a las mujeres más pobres, más desprotegidas, a las niñas y a las mujeres indígenas”. Así se cita en la iniciativa presentada en la Cámara de diputados por 140 legisladoras el 18 de marzo del 2020. Todavía no se discute, pero llama la atención que las legisladoras firmantes son de diversos grupos parlamentarios: PRI, PT, Movimiento Ciudadano, PES y PRD. La experiencia dicta que cuando se suman las mujeres, logran derribar los muros más altos de la discriminación femenina.

Los argumentos para legislar este tema son contundentes. Por un lado, existen 17 códigos penales locales que criminalizan duramente a las mujeres y, tenemos los datos de denuncias levantadas por este acto: del 2015 al 2020: 3,282 en total. Destaca el dato del 2018 al 2019 que pasó de 576 a 706 denuncias (Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Por otro lado, conocimos también que, en la Ciudad de México, según el informe de la secretaria de Salud, Olivia López Arellano, del 2007 al 2020, se han realizado 227,686 procedimientos de interrupción legal del embarazo en total. De igual forma, la funcionaria enfatizó que de enero a agosto se realizaron 22, 899 procedimientos de interrupción del embarazo, pero 15,171 de estos fueron mediante medicamentos. El asunto no es menor si hacemos un análisis más riguroso de los datos compilados por quienes presentaron la “niciativa en materia de servicios de planificación familiar y anticoncepción, servicio de interrupción del embarazo y objeción de conciencia”.

Por ejemplo: durante 2017, 390 mil 89 mujeres menores de 20 años fueron madres; de ese total, 9,785 fueron niñas menores de 15 años y el resto, adolescentes entre 15 a 19 años (Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C). Pero, no sólo sucede esto con nuestras niñas y adolescentes. Tanto los datos de feminicidios (de enero del 2018 a junio del 2020, el 10% del total de víctimas fueron niñas menores de 17 años), como los de desigualdad laboral y del trabajo, evidencian que este sector de la población es el más castigado por la discriminación y la violencia.

En ese contexto, se tiene que reflexionar con respecto a la forma de expresarse de las jóvenes y medir en su justa dimensión la problemática. Descalificarlas diciendo que sólo son provocadoras, es no entender que atrás de cada acto desesperado hay un peso enorme de agravios y falta de atención para garantizar una vida libre e igualitaria para ellas.

Urge legislar para seguir construyendo el marco legal que reconozca todas las autonomías de las mujeres, pero urge más que todos los sectores actúen de forma empática y garanticen esos derechos, tal y como lo ha hecho el ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN.

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