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Datos, víctimas y gobernanza

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

Entre otros asuntos, la Conferencia se preguntó: ¿Cómo medir adecuadamente la violencia contra las mujeres?, ¿cómo hacer mediciones integrales, confiables y útiles de la corrupción?, ¿cuáles son los desafíos al estimar el crimen organizado transnacional?, ¿cómo se dimensiona el tamaño del mercado de drogas ilícitas en un país?, ¿cuáles son los desafíos en la recopilación de datos sobre violencia contra los niños?, ¿las criptomonedas facilitan el lavado de dinero y qué tan difícil es para los gobiernos monitorearlo?, etcétera.

El tema es de gran relevancia porque sin buenos diagnósticos, no puede haber buenas soluciones. Una y otra vez hemos visto cómo la falta de datos concretos ha ocasionado poca eficiencia y efectividad de algunas políticas públicas. Un ejemplo de esto es el grave problema de los desaparecidos en nuestro país. Desde el sexenio del presidente Felipe Calderón a la fecha, ha habido intentos de sistematizar el número de los desaparecidos en toda la República, pero los registros federales no coinciden con los de las entidades y, peor aún, con los de las propias organizaciones de derechos humanos. En una materia tan sensible como la desaparición de una persona, la documentación es vital, dado que permite detectar similitudes y tendencias en la ocurrencia de este delito, identificar zonas geográficas y horarios de mayor riesgo, perfiles de las víctimas, circunstancias comunes, testimonios similares. Cabe reconocer que el tema de los desaparecidos tampoco ha contado con la sensibilidad política que se requiere, dado que hay pocas manifestaciones de solidaridad hacia las víctimas. La sociedad suele evitarlas y sostener el famoso “algo habrán hecho” y en seguida mirar a otro lado para olvidar que existen. Quizá lo más complejo y duro de cambiar es esa percepción de que un desaparecido lo está por estar vinculado con el mundo criminal.

Otro tema que se expuso en la 4ta conferencia internacional fue el que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías o nuevas modalidades delictivas, que representan un verdadero desafío no sólo en nuestro país, sino también en todo el mundo, por ejemplo, el 30 de julio, día Mundial contra la Trata de Personas, el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas, Yuri Fedotov, dio un mensaje en el que resaltó la urgente necesidad de mejorar las respuestas de prevención y combate de este delito entre la niñez y juventud, quienes se han vuelto más vulnerables ante el uso de internet y nuevas aplicaciones electrónicas.

En México, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, ocupamos el quinto lugar a nivel internacional en trata de personas (24.9 millones de víctimas). Por otra parte, Rosa Pérez Martínez, directora de la Coordinación General de Formación y Políticas Públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dio a conocer que este delito es el segundo más importante de nuestro país. Lamentablemente, existen pocos datos estadísticos a nivel local para realizar un diagnóstico focalizado, lo cual se suma al problema de la falta de denuncia de parte de las víctimas y las actitudes negativas de algunos jueces o ministerios públicos para proporcionar información y vulnerabilidad de las víctimas implicadas.

Como podrá observarse, los resultados de esa reunión pueden ser usados para concientizar sobre la gran relación que existe entre la producción de datos de forma adecuada y la solución de problemáticas relacionadas con el delito, la corrupción, la violencia, el acceso a la justicia y el Estado de derecho. Piénsese, como analogía, lo que invierte la ciencia médica para llegar a diagnósticos exactos, sabiendo que esto es indispensable para el éxito de cualquier intervención. Lo mismo ocurre con los gobiernos. Si dan “palos de ciego”, los problemas que afectan a millones de ciudadanos seguirán sin poder ser erradicados.

 

Maestra en derecho constitucional por la UNAM

ruthzavaletas@hotmail.com

 

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