Corrupción y negligencia

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no creyó conveniente asistir al lugar de los lamentables hechos de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y darle consuelo a quienes perdieron a sus seres queridos. Tal vez porque no quería arriesgarse a que alguien le recuerde que esa línea de transporte masivo para los más pobres de la ciudad ha tenido severos problemas desde que se construyó y que los responsables de la obra y el mantenimiento se encuentran en su gabinete. Además, también debe pesarle no haber incrementado los recursos para el indispensable mantenimiento de las líneas del Metro, tal y como él exigió cuando gobernaba la Ciudad de México. Por el contrario, han sido disminuidos.

Los efectos de la negligencia se sumaron a los que ya existían por una construcción viciada. Ahora, una empresa noruega nos va a dar luz sobre el origen de esta tragedia, como si en México no hubiera asociaciones de ingenieros o técnicos capaces de estudiar este caso y analizarlo técnicamente. Solamente en nuestro país, el gobierno puede ser juez y parte ante semejante tragedia. Incluso, la mayoría morenista en el Congreso no sólo impidió una comisión de investigación, sino que ya señaló posibles responsables de los hechos y exculpó al canciller Marcelo Ebrard sin tener los resultados de los peritajes.

Pero, no crean que señalaron a la actual directora del Metro, quien no debería seguir en su cargo mientras se hace la investigación y que ya ha vivido otros “percances” en otras líneas como, por ejemplo, el choque de dos trenes que costó la vida a una persona, sino que los legisladores culparon a los directores anteriores, en especial a Jorge Gaviño, quien ahora compite por reelegirse como legislador local, pero por la alianza PRD-PAN-PRI. Por su parte, a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no le importa pagar el costo político de mantener a Florencia Serranía, tal vez porque considera que eso es “sororidad”, pero no es así. En el momento que algún hombre o mujer es nombrado en un cargo público, asume responsabilidades y funciones establecidas formalmente por lo que no es ni ético ni moralmente aceptable que, en este caso, quienes son responsables de la dirección del Metro se queden en sus funciones, viciando con ello la investigación.

Tal y como lo han expuesto otros analistas, la investigación del Metro trasciende al ámbito del futuro político de Morena, toda vez que, tanto Marcelo Ebrard, quien fue responsable de las obras de la Línea 12, como la actual jefa de Gobierno, que tiene bajo su mando las riendas de la ciudad, ya se veían como candidatos presidenciales en 2024. En ese contexto, la investigación del Metro no debería ser dirigida por las autoridades, sino por un grupo externo de personajes que cuenten con la credibilidad pública para hacer un análisis de las condiciones en las que se produjo este terrible hecho. Nada podrá resarcir el dolor de las personas que perdieron a sus seres queridos, pero la muerte de estas personas no debe ser inútil, debe servir para indignarnos y exigir rendición de cuentas y un castigo ejemplar para erradicar la corrupción que se genera en la construcción de obras de dudosa calidad, no sólo en la Ciudad de México, sino en diversas partes de la República. Incluso más ahora que el gobierno federal ha decidido saltarse la norma y no hacer concursos para asignar obras. Lo hace de forma directa, como en los viejos tiempos lo hacía el régimen priista.

Reformar la Constitución y promulgar diversas leyes para transparentar el uso de los recursos públicos ha sido producto de una larga lucha de los ciudadanos en el contexto de la consolidación de un régimen democrático. Hemos logrado un marco formal casi perfecto al respecto, lo que no hemos logrado es cambiar la cultura de la simulación que se teje alrededor de intereses particulares que corrompen el ejercicio de gobierno.